Tabla De Sentencias Federales En Estados Unidos?

16.06.2023 0 Comments

Tabla De Sentencias Federales En Estados Unidos

¿Cuáles son las sentencias en Estados Unidos?

Sentencias Federales — Federal Defenders of New York Típicamente, la sentencia tiene lugar noventa días tras una declaración de culpa o veredicto de “culpable.” Antes de dictar sentencia, el Juez debe calcular el rango aplicable de pautas de sentencia.

Las Pautas de Sentencia son un conjunto de reglas que se aplica a las sentencias federales. Estas pautas son recomendadas, lo cual significa que el Juez debe considerar el rango antes de imponer sentencia, pero no está obligado a dictar sentencia dentro del rango de pautas. Las Pautas están dispuestas en una tabla, la cual consiste de dos partes: (1) el nivel del delito (“offense level”) y (2) la categoría de los antecedentes penales del acusado.

El nivel del delito depende de cuán serio es el delito. Por ejemplo, el asesinato se encuentra en el nivel 43, mientras que el hurto de una cantidad pequeña de dinero se encuentra en el nivel 6. Adicionalmente, el nivel del delito puede incrementarse o decrementarse dependiendo de otros factores.

Por ejemplo, el nivel del delito usualmente decrece con la “aceptación de responsabilidad” (“acceptance of responsibility”), lo cual usualmente se demuestra mediante la declaración de culpa. La categoría de antecedentes penales se calcula asignando “puntos” a cada condena previa del acusado. La cantidad de puntos asignada a cada condena previa depende de la seriedad de la misma.

Una condena menos seria corresponderá a menos o ningún punto, mientras que una más seria corresponderá a más puntos. Una condena seria que haya tenido lugar hace más de quince años no se cuenta, ni tampoco una condena menos seria que haya ocurrido hace más de diez años.

  • Una vez que el Juez determina el nivel del delito y la categoría de antecedentes penales, consulta la tabla para obtener el rango de sentencia aplicable.
  • El rango se expresa en meses.
  • Por ejemplo, un rango de pauta de 24 a 30 meses significa que el Juez debe, al menos, considerar una sentencia de prisión de 24 a 30 meses.

El Juez puede dictar sentencia por encima o por debajo del rango, hasta el máximo permitido por la ley. En algunos casos también habrá una sentencia mínima obligatoria impuesta por el Congreso y el Juez no podrá sentenciar por debajo del mínimo obligatorio excepto en presencia de ciertas circunstancias.

A pesar de que un Juez puede imponer una sentencia por encima del máximo indicado en el rango de pauta, no podrá nunca imponer una sentencia más larga que el castigo máximo establecido en la ley. Por ejemplo, la sentencia máxima permitida por la ley en algunos casos que involucren el hurto de cantidades pequeñas de dinero es de cinco años de prisión.

El Juez podría determinar que el rango de la pauta se encuentra entre 0 y 6 meses de prisión. En este caso, el Juez tiene la autoridad para imponer una sentencia más larga que el rango de pauta de 6 meses, pero no puede imponer una sentencia mayor de cinco años de prisión.

¿Cómo se cuentan los días en la cárcel de Estados Unidos?

UU: los reclusos podrán recibir un máximo de 54 días de créditos por buena conducta por cada año de prisión de la condena, en lugar de recibirlos por cada año del tiempo que sirvan en la cárcel.

¿Qué es un caso federal en los Estados Unidos?

Para que es la Oficina de Defensores Publico Federales del Distrito del Oeste de Carolina del Norte? La Oficina de Defensores Publico Federales del Distrito del Oeste de Carolina del Norte provee servicios legales a los individuos indigentes que no pueden contratar un abogado en los casos federales criminales.

Aunque los defensores federales son asignados por el Tribunal, los defensores federales (al igual que todos los abogados) están éticamente obligados a trabajar diligentemente para obtener la mejor posible resolución en cada caso. Los miembros de la defensa incluyen al abogado, un abogado especialista en investigación y escritura, un investigador, un paralegal, y un asistente legal.

Estos recursos serán usados para ayudar a obtener el mejor resultado posible en cada caso. Como me contacto con mi abogado? Tenemos oficinas en Charlotte y Asheville, Carolina Del Norte. Nuestra oficina está en el tercer piso del 129 West Trade Street, Suite 300, Charlotte, NC 28202, y el número de nuestra oficina es (704) 374-0720.

  • Nuestra Oficina de Charlotte está abierta desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, pero usted puede dejar mensajes a cualquier hora.
  • Nuestra oficina de Asheville está en el segundo piso de 1 Page Avenue, Suite 210, Asheville, NC 28801, y el número de la oficina es (828) 232-9992.
  • Nuestra oficina de Asheville está abierta desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde., pero usted puede dejar mensajes a cualquier hora.

Nuestras dos oficinas aceptan llamadas a cobro revertido. No le podemos llamar a usted mientras esta en la cárcel, pero su abogado lo visitara a usted. Si usted no está en custodia, entonces usted se reunirá con nosotros en nuestra oficina. He sido asignado a un abogado del Panel de CJA, quien es él y donde puedo obtener información de contacto ? Si usted no está seguro quien fue asignado en su caso, usted puede llamar nuestra oficina.

Si nosotros no podemos representarlo debido a un conflicto y cualifica para la asignación de un abogado, nosotros organizaremos para que el Tribunal lo asigne a un abogado privado, también conocido como “CJA abogado del panel.” Si usted no sabe cómo contactarse con su abogado del panel, apreté la tecla aquí par información de contacto (incluye la información de contacto de la lista del panel de abogados) Que es un caso federal? Un caso federal resalta de ser acusado con un crimen federal, el cual es un crimen que viola las leyes federales establecidas por el Congreso.

Delitos Federales también incluyen delitos cometidos en propiedad federal como el parque nacional y ciertos delitos cometidos en tierra de los Indígenas. Podre ser acusado en el tribunal estatal y federal? Si es posible que lo acusen en los dos tribunales estatal y federal.

Usted ha sido acusado con una ofensa federal; Usted está bajo una investigación de ofensa federal; Usted fue contactado por una agencia federal que impone leyes o cualquier otra agencia concerniente a una investigación federal o presunto crimen que puede ser federal; o Usted fue citado para comparecer en un Tribunal del Distrito Federal de los Estados Unidos.

Usted tiene derecho de consultar con un abogado antes de ser interrogado y tiene derecho de tener un abogado durante este interrogatorio. Que es lo que nuestros clientes deben saber:

No debe hablar de su caso con nadie excepto su abogado o los otros miembros en su equipo legal. (Esto incluye comunicaciones escritas por ejemplo cartas, mensajes de texto, etc.). Todo lo que usted habla con su abogado o su equipo legal es completamente confidencial. No debe hablar con ningún oficial que impone la ley acerca de su caso. Usted debe asumir que todas las visitas sociales son grabadas. Si ellos tratan de hablar con usted, dígales que usted requiere la presencia de su abogado. No hable acerca de su caso con los otros reos ni con su compañero de celda, en ningún idioma o clave. Cualquier cosa que diga podría ser usada en contra suya. No habla con su familia o amigos acerca de su caso en ningún idioma o clave. Todas las llamadas por teléfono son grabadas, y las cartas que no son legales son monitorizadas. Su abogado, y las personas que trabajan para él o ella, son las únicas personas que puede hablar con usted acerca de su caso. Le advertimos encarecidamente que no tome el consejo de conocidos no entrenados o empresas comerciales que se aprovechan de individuos encarcelados y sus familiares. A menudo la información es errónea y seguir el consejo puede ser perjudicial para usted en su caso. La mayoría de los reos en la cárcel no son federales y no saben acerca de los casos federales. Hasta entre los prisioneros federales, hay muchos rumores falsos acerca de los cuerdos de sentencia y otros detalles. Su abogado tendrá la información correcta. Su abogado está éticamente obligado a presentar cualquier declaración de culpabilidad delgobierno. Los casos Federales son complejos y específicos al hecho, y si usted es lo más honesto y comunicativo con su abogado la guía que puede proveer y la defensa sería mejor. En resumido, usted sea su propio defensor, pero este alerta y hable cualquier duda que tenga con su abogado.

¿Cuánto tiempo puede estar un preso sin sentencia en Estados Unidos?

Prisiones: encerrados sin sentencia Por Richard M. Aborn y Ashley D. Cannon To read an English version of this article, click, En todo el continente americano, millones de personas desbordan las cárceles en espera de juicio. He aquí siete maneras en que los gobiernos y activistas pueden tratar este creciente problema de derechos humanos.

  • Cada año, en todo el mundo hay millones de personas en la cárcel sin ser condenadas —frecuentemente durante meses—mientras esperan por un juicio.
  • Resulta preocupante que, a pesar de que los derechos a la libertad, seguridad e igualdad ante la ley son los pilares de los sistemas judiciales en todo el continente americano, la detención previa a juicio se esté utilizando a una tasa dos a cinco veces mayor que el promedio internacional, y su uso continúe creciendo libremente.

El impacto de esta práctica injusta, perjudicial e inhumana se extiende más allá del detenido hacia las familias, comunidades y el mismo gobierno. La detención previa a juicio tiene un propósito importante en el proceso judicial, pero en la práctica, su uso excesivo y arbitrario atrapa a personas inocentes en un limbo legal, forzando la capacidad de las ya superpobladas prisiones y socavando el respeto hacia el sistema de justicia penal.

  1. Diferencias entre las definiciones legales complican los esfuerzos por medir y comparar las prácticas de prisión preventiva de todas las jurisdicciones nacionales.
  2. Las condiciones en que se mantiene a los detenidos también varían ampliamente, desde celdas temporales en comisarías hasta prisiones.
  3. Por otra parte, la falta de transparencia del gobierno dificulta la obtención de datos confiables.

Sin embargo, existen múltiples maneras de calcular el grado de uso de la prisión preventiva, entre las que se incluyen el número total de detenidos en espera de juicio, la proporción de la población penitenciaria total que no ha sido condenada y el número de detenidos en espera de juicio en proporción a la población general.

  1. En un día cualquiera, la población total en prisión preventiva en la mayoría de los países del hemisferio occidental promedia menos de 20,000 personas.
  2. No es de extrañar que los países con las poblaciones en prisión preventiva más altas calculadas en un día promedio sean aquellos con las poblaciones generales mayores.

Los Estados Unidos encabezan la lista con 487,000, seguidos por Brasil (190,000), México (98,000), Perú, Colombia y Argentina (31,000–34,000) y Venezuela (29,000).1 Como resultado de estos altos índices de prisión preventiva, en la mayoría de los países del continente americano entre 10 y 40 por ciento de toda la población encarcelada se encuentra tras las rejas sin una condena.

La proporción más alta de detenidos en espera de juicio entre la población total de presos la tiene Bolivia (83.6 por ciento), seguida por Paraguay (71.2 por ciento), Haití (67.7 por ciento), Venezuela (66.2 por ciento), República Dominicana (64.7 por ciento), Uruguay (64.6 por ciento), Panamá (60.8 por ciento), Perú (58.6 por ciento), Guatemala (54.4 por ciento), Argentina (52.6 por ciento) y Honduras (50.1 por ciento).2 Otra forma de medir dónde es más alta la prisión preventiva, es calculando el índice de prisión preventiva en proporción a la población general.

Esto nos ofrece una comparación estandarizada de todos los países de diversos tamaños que no resulta alterada por cambios en la población penitenciaria sentenciada. Aquí, varios países superan por mucho el promedio global de 40 detenidos en espera de juicio por cada 100,000 habitantes de la población general.

Panamá (223) encabeza la lista, seguida por Uruguay (180), EE.UU. (157), República Dominicana (136), El Salvador (113) y Perú (111).3 En la mayoría de las jurisdicciones del continente americano, la ley les exige a las autoridades que presenten al individuo arrestado ante un funcionario judicial dentro de 24 a 72 horas del arresto.

Si el acusado no recibe la libertad provisional bajo palabra o no puede pagar la fianza, puede pasar meses detenido mientras su caso está en espera. Resulta devastador que en algunos países (incluyendo Bolivia, Argentina, Panamá y Paraguay) los informes de las organizaciones de derechos humanos y de los gobiernos reporten que los detenidos pueden pasar largo tiempo presos, esperando incluso que se presenten cargos en su contra.

En Bolivia, que ocupa el segundo lugar mundial en cuanto a la proporción de detenidos en espera de juicio con respecto a la población penitenciaria total, se calcula que 75 por ciento de los detenidos sobrepasaron los límites de 18 a 36 meses de prisión preventiva que establece la ley.4 En Argentina, donde la ley permite la detención preventiva con fines de investigación hasta por dos años, los detenidos pueden esperar de tres a seis años antes de ser juzgados.5 Según el Departamento de Estado de los EE.UU., las causas de estos incumplimientos van desde la corrupción judicial y los escasos y sobrecargados defensores públicos, hasta el seguimiento inadecuado de los casos.6 En Panamá, que tiene el índice de prisión preventiva más alto del mundo, es común la detención preventiva prolongada sin un juicio.

Los detenidos pueden esperar más de un año por un juicio debido a ineficiencias en el sistema legal y al uso de un sistema inquisitorial escrito.7 En Paraguay, donde la ley permite la detención sin juicio hasta que el acusado complete la sentencia mínima para el presunto delito, la prisión preventiva puede variar de seis meses a cinco años.8 Muchas personas que han pasado tiempo detenidas pueden ser absueltas o puestas en libertad sin ser juzgadas.

Otras pueden ser declaradas culpables de delitos menores que no conllevan una sentencia en prisión o pueden recibir sentencias de penas menores que el tiempo que pasaron detenidas. En los EE.UU., el país con la mayor población en detención preventiva del mundo, a 20 por ciento de los detenidos eventualmente les fueron suspendidos sus casos o fueron absueltos.9 Después de la larga espera por un juicio en Argentina, 30 por ciento de los detenidos fueron absueltos.10 En México, 14 por ciento de los detenidos fueron absueltos; de aquellos condenados, 85 por ciento recibieron sentencias de menos de cinco años, lo que significa que su detención excedió la sentencia.11 La experiencia de la detención puede acarrear daños perdurables para el detenido.

La pérdida de la libertad y la seguridad, y el hecho de resultar aislado de la familia y los amigos puede tener un impacto psicológico duradero.12 Además, la exposición a la violencia entre los detenidos, las amenazas de violencia por parte de otros presos e incluso de los guardias y la violencia directa, que va desde actos de humillación hasta la violencia física o la agresión sexual, también traumatiza frecuentemente a los individuos.13 Según se informa, los presos en Bolivia han sido obligados a pagarles a otros presos un “seguro de vida” para que cesen las golpizas y torturas.14 Los EE.UU.

Han calculado que por lo menos 13 por ciento de los presos han sido agredidos sexualmente.15 Impacto más allá de la celda La detención preventiva afecta a todos los miembros de la sociedad —los detenidos, sus familias y la comunidad— traduciéndose en una amplia gama de costos personales, sociales y financieros.

Irónicamente, la detención preventiva tiene un impacto no deseado sobre factores correlacionados con futuros delitos criminales —empleo futuro y la oportunidad de socializar con criminales.16 La detención puede causar la pérdida del sueldo o del empleo, lo que acarrea consecuencias colaterales severas para el individuo, su familia y la sociedad en general.

La pérdida del ingreso y de la capacidad de mantener a los miembros de la familia o de pagar por la vivienda puede llevar a algunos individuos a cometer actividades delictivas. La prisión preventiva también crea un círculo vicioso: muchos de quienes se encuentran atrapados en ella ya son pobres e incapaces de pagar una fianza, lo que dificulta aun más su capacidad de obtener la asistencia legal que les ayude a negociar los escollos del sistema judicial.17 Por ejemplo, en Bolivia se calcula que 70 por ciento de los detenidos no pudieron pagar por asistencia legal.18 La cantidad de ingresos perdidos por los detenidos en espera de juicio se ha calculado en 1.3 billones de pesos (aproximadamente 100 millones de dólares) en México (2006); 19 y en casi 40 millones de pesos (más de 10 millones de dólares) en Argentina (2009).20 Las investigaciones también indican que la prisión preventiva aumenta la probabilidad de que una persona sea condenada, y aumenta la probabilidad de que una persona sea sentenciada a prisión.21 Los efectos de la prisión preventiva en la justicia resultan iguales incluso después de controlar factores tales como la seriedad de los cargos, condenas previas y las evidencias contra el acusado.22 Las explicaciones de esto incluyen la incapacidad del acusado para presentarse a sí mismo de una manera favorable, la carencia de asistencia legal, las ineficiencias del sistema y los alegatos de parcialidad o corrupción.23 Por otra parte, los detenidos no tienen la oportunidad de recomendarle al tribunal que deberían permanecer en la comunidad, por ejemplo, recibiendo o manteniendo un empleo, manteniendo o restableciendo lazos familiares, participando en programas de tratamiento y estableciendo un registro de cumplimiento con las condiciones de la puesta en libertad.24 Una salida Los gobiernos y los profesionales del derecho pueden tomar medidas para reducir esta pesada carga sobre la sociedad —para hacer la detención más justa, menos dañina y más humana.

Reducir las cifras de quienes están en prisión preventiva y el tiempo que pasan en la cárcel esperando por un juicio no requiere necesariamente la revisión de las leyes existentes. Puede lograrse mediante ajustes a los procedimientos e instituciones existentes —e invariablemente significa replantearse el enfoque actual del crimen y el castigo en muchos países.

Un primer paso de importancia crítica es asegurar el acceso a la asistencia legal para todos los acusados, incluyendo informar inmediatamente a los detenidos sobre sus derechos. Varias jurisdicciones (como Inglaterra y Gales, Ucrania, Nigeria y Malawi) ahora asignan abogados, asistentes de abogados o estudiantes de derecho a las comisarías y/o a las instalaciones penales para informar a los detenidos acerca de los cargos, las posibles consecuencias y cómo obtener representación legal.

Otras jurisdicciones proporcionan acceso gratuito a un abogado a través de una autoridad de asistencia jurídica para que el acusado esté representado ante la corte. Los asesores legales también deben tener acceso al detenido, de manera que el acusado pueda ayudar en su propia defensa.

He aquí siete maneras adicionales para comenzar a tratar el desafío de la prisión preventiva excesiva.1. Reunir suficientes datos para apreciar el panorama completo antes de buscar un cambio Las consecuencias de la prisión preventiva son fáciles de generalizar en todas las jurisdicciones; sin embargo, las causas no lo son.

Los sistemas de justicia están compuestos de muchos organismos que influyen en varios puntos de decisión. Quienes deseen reformar el sistema deberían comenzar por reunir datos de cada punto de decisión, consiguiendo información sobre quién está en el sistema y por qué.

Recopilar información detallada sobre cada delincuente, tal como su nivel educativo, estado laboral y estado civil, además de información relevante al caso, puede ayudar a informar dónde deberían adjudicarse los recursos y cuáles delincuentes pueden ser supervisados de manera segura en la comunidad.

Una vez que se estructuran los datos para proporcionar un panorama completo del sistema de justicia, los reformadores pueden identificar las áreas problemáticas y concentrarse en las soluciones. Por ejemplo, la recopilación y el análisis de datos permitió la reforma de las políticas y prácticas de detención juvenil de la Ciudad de Nueva York.

Al recopilar datos que iban desde el prontuario delictivo hasta la asistencia a la escuela y la participación de los padres en el proceso judicial, los investigadores del Instituto Vera de Justicia y los funcionarios del gobierno de la Ciudad de Nueva York identificaron los factores que se correlacionaban con las detenciones repetidas y con el incumplimiento a la hora de presentarse al tribunal.

Los investigadores pudieron desarrollar e implementar un instrumento de evaluación de los riesgos previa al juicio para informar sobre las decisiones judiciales de la detención, y una gama de opciones de detención diferentes con base en la comunidad, apropiadas para cada nivel de riesgo.25 Tales modelos de evaluaciones de los riesgos previas al juicio están funcionando actualmente en varios sistemas de tribunales comarcales y estatales por todos los EE.UU.

Por otra parte, muchas jurisdicciones de los EE.UU. usan los datos para ayudar a determinar cambios legislativos o inversiones programáticas diseñadas a promover la justicia en el sistema de justicia penal.2. Usar el tiempo previo al juicio como una oportunidad para intervenir de manera significativa en las vidas de los delincuentes El lapso entre el arresto y la sentencia proporciona una oportunidad única para identificar y tratar las necesidades subyacentes que llevaron al delincuente al sistema de justicia.

Con demasiada frecuencia, las cárceles y prisiones en todo el continente americano se han convertido en depósitos de individuos menos educados, desempleados, adictos a sustancias controladas, o que tienen necesidades médicas o de salud mental. Aprovechar la ocasión para identificar estas necesidades y conectar a los individuos con los servicios sociales al inicio de su caso procesal proporciona la oportunidad de realizar una intervención rápida.

Al acelerar el proceso mediante el cual el acusado es llevado a juicio, ese sistema también proporciona un fuerte incentivo para que los individuos cumplan. Esta intervención rápida es especialmente valiosa cuando se trabaja con jóvenes, quienes frecuentemente no tienen la capacidad mental de comprender las consecuencias a largo plazo.

Al implementar una intervención poco después de la actividad delictiva, mejoran las probabilidades de que una persona joven relacione la respuesta con su comportamiento.3. Comenzar a planificar para la liberación temprana Casi todos los delincuentes que están encarcelados eventualmente regresan a la comunidad.

Los delincuentes pueden tener necesidades subyacentes que los llevaron a cometer el delito. Para ayudarlos a evitar reincidir, debería proporcionarse planificación para la transición a los detenidos y sus familias, de manera de asegurar que estén conectados a los servicios y sistemas de apoyo disponibles en la comunidad —este proceso puede tomar días o semanas (o más).

La planificación para esta transición debería comenzar cuando el individuo comienza su detención; no debería esperar hasta el final del tiempo de detención ni hasta después de su liberación.4. Mejorar las condiciones de reclusión La superpoblación exacerba los riesgos inherentes a los correccionales y pone en peligro la seguridad tanto de los presos como de los funcionarios penitenciarios.

Si es necesario, después de analizar los datos, las instalaciones penales deberían ser ampliadas o remodeladas para mitigar la superpoblación y mejorar las condiciones. Esto requerirá que los gobiernos y los funcionarios públicos dediquen más recursos y atención a encarar las condiciones penales que son espantosas en muchos países.

Al planificar la ampliación, los funcionarios también deberían considerar agregar espacio para proveer servicios que traten las necesidades de la población de detenidos (tales como atención médica, programas educativos y entrenamiento laboral). Las investigaciones recientes indican que a los presos que mantienen contacto con miembros de la familia que los apoyan mientras están encarcelados les va mejor cuando son puestos en libertad.26 Para respaldar este contacto, el espacio para que los presos puedan encontrarse con sus familias, así como con los asesores legales, también debería ser una parte de los planes de construcción.5.

  • Colaborar El sistema de justicia involucra a muchos organismos diferentes y tiene contacto con individuos que presentan una amplia gama de necesidades.
  • Los reformadores deberían atraer a los funcionarios del gobierno, los profesionales, los investigadores, los responsables de formular las políticas, y las ONG del sistema y de especialidades relacionadas como la salud pública, la anticorrupción y el desarrollo socioeconómico para desarrollar estrategias y llegar a un consenso.

Estas asociaciones no sólo pueden ayudar a lograr reformas legislativas, sino que también pueden sustentar el desarrollo y la implementación de programas y servicios institucionales, la planificación de la transición y la coordinación de remisiones desde la comunidad.6.

  1. Experimentar Dada la novedad y la naturaleza multifacética de este problema, los reformadores tienen que estar dispuestos a probar diferentes opciones mediante proyectos piloto a pequeña escala, así como a explorar ejemplos de otras jurisdicciones.
  2. El conocimiento de los esfuerzos y resultados de otros puede ayudar a los reformadores a superar retos que inicialmente pueden parecer insalvables, y potencialmente inspirar nuevas estrategias.

Bien sea que los reformadores decidan replicar los programas existentes o desarrollar un nuevo concepto, probar programas piloto puede ahorrar dinero y permitir a las comunidades medir el impacto antes de invertir en un cambio a gran escala.7. Reinvertir lo que se ahorra La detención (ya sea la preventiva o la que tiene lugar después de la condena) es cara.

Por ejemplo, en México el costo anual directo de la prisión preventiva en 2006 se calculó en 5.8 billones de pesos (454 millones de dólares); 27 en Argentina fue de 294 millones de pesos (75 millones de dólares) en 2009.28 Las consecuencias de la detención resultan en mayores costos para la sociedad, aumentando los gastos que ya son grandes.

Cada dólar de nuestros impuestos invertido en la encarcelación puede significar menos dinero invertido en los servicios correlacionados con la reducción del delito (tales como los servicios sociales, de salud, de vivienda y de educación). La reducción del uso de la prisión preventiva podría permitir dirigir los fondos a la prevención de la delincuencia y a otras áreas que está demostrado aumentan la seguridad pública.

Al hacer la prisión preventiva más justa, menos dañina y más humana, podremos administrar mejor la justicia, proteger los derechos humanos básicos y construir comunidades más seguras. Pero se necesita la acción rápida para que la nueva generación de nuestros jóvenes no sea víctima de los efectos negativos del tiempo prolongado y frecuentemente innecesario tras las rejas.

El replanteamiento fundamental de cómo nuestros sistemas de justicia tratan a los detenidos no condenados salvará vidas y ahorrará dinero en el futuro. Para ver las fuentes de las citas y una entrevista en video con el autor, haz click, *Richard M. Aborn es presidente de la firma consultora CAAS LLC, donde trabaja a nivel global con distritos policiales, organismos de justicia penal, corporaciones y organizaciones sin fines de lucro desarrollando estrategias para reducir y prevenir el delito.

Haz click para una vista detallada del contenido de la tabla. Para ver las fuentes de la tabla arriba, haz click, Vea un video con Richard Aborn.

: Prisiones: encerrados sin sentencia

¿Cuántos tipos de sentencias hay?

La Sentencia Manuel Ramón Herrera Carbuccia Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social. Presidente de la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís. Miembro de Número y coordinador de la comisión de Ciencias Jurídicas de la Academia de Ciencias de la República Dominicana.

E-Mail: [email protected] El ejercicio de los poderes del Estado conlleva a una relación y una actuación de los mismos a través de los órganos que componen, en el caso de la administración de justicia esta debe ser general, imparcial e independiente y su proceder se observa en las resoluciones judiciales o sentencias.

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Las resoluciones judiciales son los actos del tribunal, por lo que este decide sobre las cuestiones que le plantean, ya sean sobre el fondo, ya sean de carácter procesal. Según su forma y su contenido, las resoluciones judiciales se dividen en providencias, autos y sentencias.1 Las siete partidas nos legaron la siguiente definición “La decisión legítima del juez sobre la causa controvertida en su tribunal” 2,

Chiovenda 3 la define como “la resolución del juez que, acogiendo o rechazando la demanda, afirma la existencia o la inexistencia de una voluntad concreta de la ley, que garantiza un bien o lo que es igual, respectivamente, la inexistencia o existencia de una voluntad de la ley que le garantice un bien al demandado”.

La sentencia es un acto de declaración en la que se puede extinguir, modificar o reconocer una situación jurídica emanada de una autoridad pública, parte integrante de un poder del Estado que le ha conferido esa potestad y que debe ejercerla de acuerdo a su propia competencia.

Desde el punto de vista de sus efectos, la sentencia es la forma más natural de terminación del proceso que da por finalizada la función judicial, estableciendo una solución al conflicto y que permite ejercitar a los órganos jurisdiccionales la competencia de hacer cumplir lo juzgado o a las partes ejercitar su facultad de entablar contra dicha solución los recursos que la ley le reconoce 4,

A esa definición formal siguiendo la doctrina española hay otras que hacen énfasis en los aspectos materiales como Montero Aroca, que la define como “la aplicación de la norma a los casos controvertidos, siguiendo el sistema lógico de las premisas (premisa mayor, premisa menor y conclusión) de acuerdo con la formación de la ley y siempre bajo el vocablo latino de que la sentencia resuelve todo el pleito 5,

La sentencia, entendemos que es un acto jurídico procesal que dirime un conflicto, reconoce, declara o extingue una situación jurídica con implicaciones sociales directas a través de un representante de un poder del Estado obligado a respetar la legalidad, seguridad jurídica y los derechos fundamentales del hombre dentro de un marco normativo establecido.

La sentencia es, ante todo un acto del Juez 6, de ahí que pueda decirse que lleva su sello personal y su estilo, de ahí que Couture sostenía que las “sentencias valdrán lo que valen los hombres que la dictan” 7, posición que si bien la misma es un acto representativo del Estado, en la parte instrumental es factura del hombre,de su voluntad de una intensa operación de inteligencia,donde intervienen una serie de operaciones lógicas sobre las diferentes y variadas situaciones fácticas y jurídicas simples y no pocas veces complejas y confusas que resolver.

La sentencia no es un acto aislado 8, es la llave que cierra el proceso, y este acto judicial esta sostenido y dirigido por una o varias manos que conforman un tribunal único o colegiado, que debe elaborarse en forma razonable y humana, cubriendo las lagunas y zonas grises de la ley, convirtiendo con su accionar natural al que no puede negarse por mandato de la misma ley a alegar ignorancia o dejadez para fallar, en un contrapoder útil a los inevitables conflictos sociales propios de la materia laboral y los operadores de la misma.

El juez laboral, al decir de algunos quizás un tanto exagerados, es el rey del derecho del trabajo 9 por situaciones no previstas dentro del marco estructural del tradicional Derecho del Trabajo y los llamados sectores informales, y una cantidad de “Nuevas formas contractuales” que rompen el marco conocido, añadido esto a teorías no conocidas ni legisladas en muchas de nuestras legislaciones (Buena Fe, acoso moral, acoso sexual, para subordinación, contratos atípicos, etc.) que tiene que dar respuesta a través de la sentencia, que aumentan su radio de acción.

La legislación laboral es producto histórico de las crisis sociales, el juez a través de la sentencia no soluciona la crisis, pero si emite una resolución judicial de una “crisis” o “conflicto” presentado al mismo, que tendrá un efecto capital en la sociedad que se dicta,no tan sólo a las partes afectadas o destinatarias del fallo emitido por el tribunal, sino al conglomerado social.

En la práctica no hay una sentencia sino que cada instancia además del formato propio elaborado por la ley, dicta una resolución judicial que tiene que ver con el marco estructural de su composición y como es propio con el caso sometido, con la obligación de resolverlo con apego al derecho, pero con una visión más allá del instrumentalismo mecánico de la copia de artículos del Código de Trabajo o procesal, sino que podrá ser objeto de una revisión por un recurso,de ahí que los juzgados de trabajo, los juzgados de primera instancia deben fallar teniendo en cuenta la mirada crítica de los tribunales de Corte, Tribunales Superiores de justicia, Cortes de Trabajo, sin que ello implique seguidísimo.

El tribunal de primer grado conoce el proceso como tal en su primera fase, y a veces última sino es objeto de recurso, donde las partes presentan sus pretensiones, y en no pocas ocasiones el juez tiene que utilizar su papel activo y aplicar la máxima “iura novit curia”, además de ser el juez que recibe muchas veces en nuestros países las deficiencias de nuestras propias instituciones estatales por no aportar las constancias a tiempo que requieren las partes para utilizarlas en su beneficio o en sus pretensiones.

La sentencia de segundo grado, es una resolución más acabada, por razones de hecho y razones de derecho, en lo primero las partes harán un esfuerzo para que la sentencia adversa le sea revocada, depositando los documentos que no pudieron hacer en primer grado, presentación de testigos, etc.

El tribunal de segundo grado, examina por el carácter devolutivo 10 del recurso nuevamente el proceso como tal, pero también tiene la obligación por el apoderamiento a que está sometido, conocer sobre los errores o motivos del recurso, además de examinar las pruebas, escritos, conclusiones, conocidos en su instancia, y no someterse aunque ratifique la sentencia a la calificación dada por las partes o por el tribunal de primer grado, por ejemplo en la calificación de la terminación del contrato de trabajo.11 La resolución judicial es una decisión “sugerente” en cuanto que es en base a la misma que el Tribunal Supremo, Corte Suprema o Suprema Corte, dictarán una decisión de principio, lo hacen tomando como base la resolución llevada a su jurisdicción, pero también es una decisión “sometida” en mayor o menor medida al Derecho Jurisprudencial del Trabajo que “guía” el Tribunal Supremo.

Es la decisión del segundo grado que “guía” y “determina” la política jurisprudencial pues el tribunal Supremo dictará en base a lo elevado al mismo, es una decisión “Crítica” y de ahí que es elaborado por un grupo de jueces que pueden ser “recriminados” doctrinalmente por el Tribunal Supremo.

Es la última en ese “universo procesal” (salvo en los casos donde es posible recurrir al tribunal constitucional) pero también es la primera, pues además de ser única, aunque reitere su política jurisprudencial dicta sus “principios” o “doctrina” y emite una “guía normativa sustantiva y procesal”a seguir por los abogados y todo aquel que pretenda, hacer uso de las vías judiciales.

Las decisiones del Tribunal Supremo establecen varios diálogos,uno de ellos es con el legislador 12, donde le sugiere reformular leyes o visualizar las diferencias de la misma o demuestra su inaplicabilidad, lo cual en no pocas ocasiones hace que el legislador cambie y realice reformas necesarias en un país.

  1. Las decisiones del Supremo también tienen un diálogo con los tribunales y jueces del cuerpo judicial, pues le señalan la doctrina legal que ellos entienden correcta para la aplicación de las leyes y el procedimiento, sino resoluciones y la “visión única” que deben tener los tribunales.
  2. Las resoluciones del tribunal supremo establecen un dialogo interno dentro del mismo órgano jurisdiccional que debe ser reflexivo, profundo y de consenso, en ese tenor es conveniente evitar mantener decisiones diferentes sobre temas relacionados y dispersiones que no son buenas ni correctas para el tribunal, y que muchos países tienen “fórmulas” de someter al pleno del Tribunal o las cámaras reunidas (Francia) las posiciones encontradas sobre un tema relacionado o específico.

Por último, las decisiones de casación, igual que todas y más que todas tienen un diálogo con la sociedad, pues cada resolución se le aplicará y le afectará a grupos pequeños o a grandes sectores de la misma, su comunicación, su diálogo no es exclusivo a la aplicabilidad de las sentencias, sino a la respuesta legal y social que está obligado a dar el máximo tribunal a la sociedad misma, que espera actuaciones de ésta en un estado de derecho, en razón de que las sentencias son para crear tranquilidad publica y estabilidad a las instituciones del estado.

La sentencia es la expresión de la ideología judicial oficial del Estado como tal debe ser aplicada, pues de nada serviría en materia laboral o en cualquier materia juzgada, la falta de efectividad de la misma, como sucede en muchos de nuestros países de economías deprimidas. Las resoluciones judiciales en materia social, deben ser un producto jurídico critico, elaborado con prudencia, mesura y compromiso social, sin caer en “estudios de laboratorio” propio de ensayos académicos discutibles y riesgosos, pero sin menoscabar la valentía histórica, social y jurídica que deben tener sus componentes u operadores al dictar una sentencia que violente y cambie la estabilidad de las decisiones judiciales constantes,pues si bien es conveniente mantener la certidumbre y estabilidad 13 de las decisiones, es insostenible mantener “posiciones” que la vida, la historia y la misma doctrina rechazan para no afectar susceptibilidades de un lado o de otro, o grupos de presión tradicionales, ante injusticia o violaciones a derechos fundamentales.

El dictamen de casación tiene doble objeto decidir y dirigir 14, en lo que respecta a su decisión y su aplicación. Su lenguaje no es un lenguaje literario o de fórmulas pesadas o incomprensibles, sino preciso, técnico, simple y a la vez profundamente reflexivo que no deje lugar a dudas ni imprecisiones, pues al tribunal supremo se va a buscar respuesta a soluciones de conflictos, no a buscar interrogantes o confusiones que no tienen lugar de solución.

  • La sentencia de casación debe ser un resultado de una “fuerte y sólida” formación de ingeniería jurídica, pero con una correcta y precisa delineación de las figuras jurídicas de hecho y de derecho examinadas.
  • Naturaleza La sentencia es un documento que se basta a sí mismo 15 imponiéndose a certificaciones o documentos que emanen de los secretarios 16, tiene un valor de inscripción en falsedad 17, por ser considerado un acto auténtico, por lo que en ausencia de ser atacada mediante ese procedimiento, es preciso aceptar su contenido 18 La sentencia es un acto emanado de una autoridad pública, es decir tiene normas de Derecho Público, es una decisión emitida como dice el artículo 146, del Código de Procedimiento Civil “en nombre de la República”, pero también tiene normas propias del derecho privado, por dirimir situaciones entre los particulares y en el caso de la materia laboral es una decisión que reúne en su seno todo un contenido diverso de influencias, girando o tomando como base el hecho social, el acto social, donde el juez deja de ser en el proceso un ente pasivo, sino una parte y una parte activa, que “apreciará soberanamente las pruebas que le sean sometidas y la necesidad de ordenar nuevas medidas de instrucción, cuando entiendan que la prueba no es suficiente para formar su religión 19 de ahí que la sentencia en materia laboral sin ser totalmente diferente a las dictadas en las otras materias, afecta e influye no tan sólo a las partes, sino inclusive desborda los límites de la materia misma, afectando la economía y a hasta la política social de un país.

Para Couture, es al mismo tiempo, un hecho jurídico y un acto jurídico y un documento y entiende que es un hecho, “por ser todo fenómeno resultante de una actividad del hombre de la naturaleza” 20, La actividad del hombre, en este caso, el juez, consiste en una serie de actitudes personales que le son impuestas por deber profesional y que el cumple en el desempeño de su misión oficial 21,

El Profesor mencionado entiende que es también un acto jurídico y que es preciso sobrepasar la doctrina materialista que hemos mencionado anteriormente que “concibe el fallo como el resultado de un cotejo entre la premisa mayor (la ley) y la premisa menor (el caso) expresa dentro de este esquema, si desenvuelve la génesis lógica en la concepción tradicional y aún dominante en esta materia 22,

Entendemos y compartimos en parte la teoría de Couture, en lo relativo al hecho jurídico, -como sostienen otros autores- al analizarla como hecho jurídico las diversas actividades materiales e intelectuales del juez que culminan en el pronunciamiento de la sentencia, pero salta a la vista que esa separación que realiza del hecho y del acto jurídico, constituye una sutileza sin trascendencia.

El acto es al mismo tiempo hecho jurídico, en forma tal que no es posible dividirlo sin desnaturalizarlo 23, Sostenemos que si bien la sentencia es una operación crítica 24, el juez no tan sólo elige entre la tesis del demandante y la del demandado o recurrido, sino que en materia laboral es como hemos dicho el actor principal, no tan sólo por las funciones que le confiere la ley, sino por el papel que ha de desempeñar en la búsqueda de la verdad, siempre actuando dentro del marco del debido proceso, de todo lo cual se hará constar en “un documento”.

La sentencia como documento La expresión material, histórica y procesal de las partes, del juez o la Corte y los auxiliares se transcribe para un caso sometido ante una jurisdicción en un documento o texto que tiene formalidades y un ritmo y vida propia que es la sentencia.

La sentencia es la redacción de un acontecimiento social de trascendencia directa con los sectores productivos de la sociedad, de ahí que le juzgador trasciende de la esfera judicial a otras, por lo cual, además de ser un vigilante de los principios de legalidad, de seguridad jurídica y del respeto a los derechos y garantías constitucionales, su “resolución” se convierte en un testimonio del concepto jurisprudencial del poder que representa, asumiendo y demostrando per se, cual es el concepto de doctrina judicial que en una forma u otra afecta el desarrollo armónico crucial de la estructura judicial.

La sentencia es un documento armónico que se complementa y se relaciona en su contenido, donde lo uno sigue a lo otro y lo otro es parte de lo uno, es decir, no puede concebirse como una parte, sino como un todo, relacionado en sí mismo, donde las partes también sus particularidades e importancias formales y esenciales en la composición del todo.

  1. Las consideraciones o motivos es un corolario del principio de la legalidad que está consagrada en la Constitución 25, y de la seguridad jurídica que debe ser otorgada.
  2. Y es un derecho fundamental de las personas que forma parte integrante del debido proceso, necesario e imprescindible para la efectividad del mismo 26, por lo cual, no bastaría una simple exposición de lo ocurrido y de los artículos de la ley aplicada, sino que se requiere hacer constar que se ha empleado un razonamiento lógico 27, no basta como motivación una mera yuxtaposición de proposiciones que no tengan ninguna conexión entre sí, además, la motivación debe ser concreta y no abstracta.

La motivación de la sentencia aparece en el siglo XIII y en el siglo XIV en la medida en que la ausencia de motivación obligatoria fue perdiendo terreno, producto de una evolución ocurrida en los tribunales, donde sus titulares no eran cuasi propietarios de los cargos, sino agentes de la ley.

  • Ese proceso 28 seguirá del siglo XV hasta el XVIII, desde motivaciones que se limitaban a una indicación de las pruebas de los hechos y, a veces, a la regla la de derecho aplicable 29,
  • En la Real Cédula del 23 de junio de 1778 dada por Carlos III la prohibía para evitar “cavilaciones de los litigantes” y consumir mucho tiempo 30, por no ser considerada importante, sin embargo a estas razones históricas propias de los reyes o de los dictadores a fin de evitar una “justificación adecuada y razonable” de los motivos de la sentencia, también existen opiniones autorizadas como la de Calamandrei 31 que veían con cierto recelo a la motivación.

La motivación es una demostración del ejercicio del control jurisdiccional sobre las resoluciones judiciales de ahí que permite: 1) Asegurar a las partes un mejor ejercicio del derecho a impugnar la decisión adoptada y 2) facilitar el control “disciplinario” del recurso de alzada, además de facilitar la interpretación de la misma.

En la sociedad moderna la motivación es un corolario del principio de la legalidad que está consagrada en la constitución 32, y está integrado en el ordenamiento jurídico a partir del art.120.3CEsegún el cual las sentencias serán siempre motivadas, y más específicamente al sistema de garantías procesales 33, del art.24 CE, con lo cual compartimos la opinión de una parte de la doctrina 34 que entiende que la motivación de la sentencia es una necesidad y una obligación.

La motivación es un principio constitucional que adquiere más fuerza después de la segunda guerra mundial, el cual lo encontramos en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que le ha servido de pauta para nuevas 35 legislaciones en otras materias.

La sentencia no puede justificarse a través de una motivación sea un simple expediente explicativo, como tampoco sea una relación literal de los artículos y la normativa de la legislación aplicada, presupone una descripción y análisis intelectual del caso sometido. Las motivaciones de las resoluciones judiciales se proyectan a lo interno del documento y a lo externo 36, en lo primero individualizar la finalidad de la motivación a dar consideraciones a las partes que han participado en el conflicto y en lo segundo a la opinión pública, a la ciudadanía en general, a la cual se le debe responder y expresar la justificación de la resolución.

En la materia laboral, la finalidad de la motivación a lo interno y a lo externo, o de carácter endoprocesal y extraprocesal, como lo llama Ferrajoli, relacionado con la garantía de la defensa y la garantía de la publicidad, tienen a nuestro entender o se pueden reunir en un “ carácter social ”, que reúne por la naturaleza de la materia, la proyección de los conflictos aun sea los llamados conflictos individuales, una esencia que desborda lo estrictamente particular y afecta a toda la sociedad y sobre todo a la parte productiva de la misma.

Tampoco puede dividirse en el caso de la especie para la división mencionada “social”en la endo y extra procesal,en lo estrictamente adjetivo de la norma,cuando ya hemos examinado la relación íntima entre lo sustantivo y lo procesal de la materia e igualmente no se puede establecer una diferencia en la garantía de la publicidad y la finalidad social de la motivación de la sentencia en materia laboral, pues esta es parte integrante de ese todo que compone el sistema de garantías procesales y es un efecto, no la causa misma del contenido de la motivación, que reiteramos debe ser “social” con todo lo que ella implica.

Esa finalidad social de la motivación constituye una garantía a las partes y a la sociedad y excluye situaciones cuestionables y arbitrarias, de ahí como decíamos anteriormente que la sentencia es una actuación intelectual, pero la misma tiene un contenido crítico, valorativo y lógico 37, que consiste en el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en que el juez apoya su decisión, de ahí la importancia de una motivación autosuficiente y comprensible, resplendor del postulado de la congruencia, va tocando razonablemente los hechos, la prueba y el derecho apli cable y una buena adecuación a la jerarquía normativa 38, para reunir en el contenido total de la sentencia que la misma corresponde a la justicia social.

Motivacion. Verdad material o verdad jurídica. Imparcialidad Es la motivación de la sentencia un descubrimiento de los hechos, o de las razones que el juez entiende?Ouna justificación de las razones? En su relación, el juez en forma individual o en forma colegiada ante una Corte, realiza unas actuaciones, sea en el proceso como utilizando su papel activo, como en el examen cuidadoso y detallado de las pruebas aportadas y sometidas al debate, “descubre”, “localiza” y “llega” a la verdad jurídica objetiva.

La motivación debe ser una relación consistente y coherente, suficiente, utilizando las reglas de la lógica y de las máximas de la experiencia, sin convertirse en un relato de hechos sin sustento de derecho, pero tampoco convertirse en fieles seguidores de la posición de Montesqueau, que los jueces deben ser boca de la ley.

A lo anterior, en esa motivación, donde el juez justifica la verdad jurídica objetiva, encuentra la dificultad que en no pocas veces el juez tiene serias dificultades para “descubrir” esa verdad y luego para justificarla, de ahí que en no pocas ocasiones el principio de veracidad 39, que debe regir en materia laboral, en la expresión de Helios Sarthou “proceso verdad” que consistirá en el acercamiento de la verdad real o fáctica, con la verdad sometida al tribunal y la enunciada en la sentencia.

Esa búsqueda que puede convertirse en un laberinto de duda en un proceso laboral y que la aparta y la acerca de una verdadera justicia laboral, puede convertirse en un camino sin fin. La verdad material de los hechos puede ocurrir que no se presente al tribunal como en muchos casos, o que el juez al decir de Couture 40 es llevado a realizar una labor más de historiador que el ejercicio de la lógica formal, no la perciba en un exámen de conciencia en la forma que ocurrieron los hechos, o no se le aporten los mismos, o no tenga los medios y razones jurídicas para justificada por haberlas recibido indebidamente “o no estar en condiciones legales para hacerlo”.

En esa búsqueda de la verdad, también surgen con fuerzas las teorías deontológicas, confundidas e influenciadas por la moral, fundamentadas en las teorías de Enmanuel Kant, en las cuales se debe decir la verdad siempre, y que las consecuencias tienen un valor secundario, a la importancia de la verdad 41, situaciones que en la práctica presentan serias y complejas dificultades, pues no son pocos los procesos sometidos a un tribunal donde el juez o la Corte, conoce ya, sea por “olfato jurídico”, por “conocimiento personal”, por “informaciones de terceros” o “fuentes de entero crédito”, por deducciones lógicas del mismo historial y comportamiento de la persona o grupo sindical sometido a juicio, la materialidad de la verdad de los hechos acontecidos y deben ser “recibidos”y aceptados por la normativa procesal.

El juez laboral en su investigación y actividad propia a sus funciones no puede desbordar la naturaleza de su marco estructural normativo, para expresar “la verdad material”, pues estaría “motivando” la resolución judicial, en consideraciones fuera de la ley, o posiciones psicológistas o conocimientos que no tendrán asidero legal, sino puramente fáctico, sin una relación lógica, histórica y legal con la normativa sustantiva y adjetiva laboral del país.

La expresión sajona “hacer justicia conforme al derecho”, tiene en materia laboral una significativa importancia al “buscar” “investigar” utilizando el papel activo e impulso procesal de los jueces amparados en los principios procesales normativos reconocidos por las legislaciones de la materia, la materialidad de la verdad.

En ese tenor los jueces en la sentencia deben expresar una historia 42, crítica y rigurosa de un ejercicio lógico y demostrativo de los hechos, que en determinados casos o soluciones puede que se aparte de la “real realidad” acontecida, pero no convirtiéndose en un relato fáctico desprovisto de la estructura normativa que la sustenta, de ahí que la motivación deba ser un proceso intelectivo depurado y lógico, narrado históricamente por un operador jurídico con los instrumentos legales aplicables al caso sometido”.

Por último no sería abundante reiterar que en la motivación el juez laboral justifica la “verdad objetiva jurídica” tratando “materialmente” de concretizar lo fáctico ocurrido con lo recibido por ante el tribunal, sea igual, parecido o se acerque a lo acontecido, debiendo utilizar cánones de racionalidad con un estilo analítico y valorativo apegado a los principios de la justicia social.

El estudio de las sentencias, y de las motivaciones de las mismas sirven de guía de la evolución del derecho 43, y es un parámetro para determinar el nivel de capacidad, destreza y profundidad académica del o los tribunales de una región o de un país, en especial en la imparcialidad en el juicio sometido que tiene serias implicaciones sociales en materia laboral.

La imparcialidad es un elemento esencial de la administración de justicia para que se pueda decir con propiedad el funcionamiento de un Estado de Derecho, se encuentra recogido en forma expresa por el art.10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el art.6.1 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos, y la convención Americana de los Derecho Humanos lo cual implica un manejo adecuado de la argumentación de la sentencias, sin inclinaciones de ningún tipo, sin que ello implique que no le otorgue la razón jurídica a quien la tiene o que no utilice el viejo aforismo iura novit curia,en el sentido de que los jueces y los tribunales no están obligados al motivar sus sentencias, a ajustarse estrictamente a las alegaciones de carácter jurídico aducidos por las partes.

Estructura La sentencia tiene una división clásica en tres partes “resultados-considerando- parte dispositiva” que siguen virtualmente los diferentes órganos jurisdiccionales que se refieren a una parte descriptiva, una motivación o justificativo y otra conclusiva o decisión, esta estructura es semejante en los procesos ordinarios en Iberoamérica, en algunos casos como en el de Perú, están detallados sus componentes 44 o en otros como el de Venezuela indica que la sentencia cuando se dicta oral 45, debe expresar el “dispositivo del fallo y una síntesis precisa y lacónica de los motivos de hecho y de derecho, la cual reducirá de inmediato, en cuanto a su dispositiva, a forma escrita”.

A esa estructura tradicional que tiene un encabezamiento, donde se hace constar el tipo de Estado que conforma esa nación sea “En Nombre de la República” “del Virreinato” “En nombre de la ley de la Monarquía” o demás, que constituye una secuela del formalismo que encierra el “poder público” expresado a través de un documento elaborado por un órgano de ese Estado.

La conformación de la planificación de la resolución judicial, tiene también legislación 46, que le señala que la sentencia se apreciará la prueba en conciencia, sin sujeción a las normas del Derecho común,pero el Juez al analizar lo que hubiere recibido, está “obligado a expresar los principios de equidad o de cualquier otra naturaleza en que funde su criterio”.

Algunas legislaciones, como la Boliviana, hacen una división de la “parte considerativa y otra resolutiva”, aunque en la primera incluye la parte descriptiva, cuando el código procesal del trabajo sostiene 47 “en la parte considerativa se indicará el nombre de las partes, la relación sucinta de la acción intentada de la controversia, en párrafos expresos se hará una relación de los hechos comprobados y alegados oportunamente, se hará una referencia a las pruebas que obren en los hechos”, a esa descripción que se denomina resulta, la ley procesal Boliviana expresa.

“En la segunda se darán las razones y fundamentos legales que se estimen pertinentes se citará las normas legales y las razones doctrinales que se consideren aplicables al caso”. La estructura de la sentencia fue modificada por la LOPJ en 1985, sustituyéndolas por “antecedentes de hecho” y “fundamentos de derecho” 48 situación que ha sido criticado por una parte respetable de la doctrina 49 como que “infelizmente sustituyen a los más claros y tradicionales resultados y considerandos”, sin embargo entendemos esta modificación aunque no es superficial como tal, la misma es más de planificación de la composición o estructura de la sentencia que de profundidad o corresponda a un nuevo modelo procesal de la misma.

La sentencia tiene tanto en segundo grado o Cortes de Trabajo, tiene un régimen similar (ver artículo 638, 533 y 540 del Código de Trabajo), al tribunal de primer grado o juzgado de trabajo, que de acuerdo a las disposiciones citadas pueden dividirse en cuatro partes: 1) Encabezamiento, La sentencia se pronuncia en nombre de la República, debe indicar la fecha y lugar del pronunciamiento (ver ord.1 del artículo 537 del Código de Trabajo) y que fue hecho en audiencia pública, situación de no hacerse podría declarar la nulidad de la misma 50 la designación del tribunal (ord.2, 537 del Código de Trabajo) y los nombres, profesión y domicilio de las partes y los de su representante, si los tuviera (Ord.3,537 del Código de Trabajo), esto último puede en la práctica traer serios problemas cuando un demandante no coloca los nombres de las partes y menciona uno y a los demás por ahorrar tiempo en su instancia, le coloca el término compartes, situación que no es la misma, cuando no se coloca la cédula 51, o D.N.I., o no se coloca el domicilio, o se hace elección de domicilio en la oficina de su representante, no existirá en esos casos nulidad, pues además de no existir agravio en materia laboral aunque sólo se habla de designación del tribunal, debe colocarse el nombre de los jueces que participaron, del Secretario o Secretaria Titular o auxiliar que los asistió y de la participación de los vocales, salvo algunas materias que no es necesaria su participación como las decisiones de referimiento.2) Antecedentes,

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En formas que se utilizan en párrafos con el inicio de resultas, el tribunal enuncia las pretensiones de cada una de las partes, el inicio de la misma con la instancia introductiva de instancia, la fecha del depósito de la misma, las audiencias celebradas, las medidas ordenadas, las sentencias in voce dictadas, las motivaciones de las mismas y las conclusiones de las partes, así como la fecha y cierre de los debates, en fin, el código lo establece como “los pedimentos de las partes” (ver ordinal 4 del artículo 537) y “una enunciación sucinta de los actos de procedimiento cursados en el caso” (ver ordinal 5, artículo 537 del Código de Trabajo).

En esta parte se enuncia como hemos dicho, los llamados puntos de hecho y puntos de derecho, que es la enunciación de las cuestiones jurídicas sometidas al tribunal, y que este debe resolver en la sentencia 52,3) Enunciación de los hechos probados y controvertidos y el fundamento de la sentencia o motivación de la misma.

La sentencia debe indicar los hechos probados, que son aquellos hechos procesales que siendo controvertidos entre las partes, el órgano judicial alcanza la convicción de que han ocurrido a través de la actividad probatoria, desarrollada en el proceso 53, sin embargo esa relación de los hechos probados debe hacerse en forma clara, coherente, precisa, con una relación que se base a sí misma, y además no basta con una simple declaración de los hechos probados, sino que es preciso razonar cómo se ha llegado desde cada uno de los elementos de prueba a los hechos que como a uno se han declarado probados 54,

  1. Esas razones son menciones consideradas sustanciales, o sea, los fundamentos de hecho y de derecho que le sirven de sustentación a la decisión jurisdiccional 55,
  2. Las consideraciones o motivos o fundamentos es un corolario del principio de la legalidad que está consagrada en la Constitución 56, y de la seguridad jurídica que debe ser otorgada.

Y es un derecho fundamental de las personas que forma parte integrante del debido proceso, necesario e imprescindible para la efectividad del mismo 57, por lo cual, no bastaría una simple exposición de lo ocurrido y de los artículos de la ley aplicada, sino que se requiere hacer constar que se ha empleado un razonamiento lógico 58, no basta como motivación una mera yuxtaposición de proposiciones que no tengan ninguna conexión entre sí, además, la motivación debe ser concreta y no abstracta, puesto que unos razonamientos generales sin ninguna conexión con el caso sometido, son arbitrarios y no cumplen ninguna de las finalidades de la ley sobre la materia, que tienen en la motivación de la sentencia el conocimiento de las razones de hecho y de derecho que justifican su dispositivo y posibilitan su entendimiento y su posible impugnación y es que las razones lógicas y la aplicación razonada de la norma y la ponderación y mención de los alegatos 59, trasciende al mismo tribunal adquiriendo un contenido propio que debe es tar en posibilidad de ser analizadas sin temor ante otro tribunal de mayor jerarquía.

El juzgador debe responder a todas y cada uno de los puntos de las conclusiones de las partes para admitirlas o rechazarlas, dando los motivos que sean pertinentes, regla que se aplica tanto a las conclusiones principales y a las subsidiarias, como a las que contengan una demanda, una defensa, una excepción o un medio de inadmisión 60, sin embargo esto no está sujeto a términos sacramentales y puede resultar de las enunciaciones combinadas de los puntos de hecho y los motivos sobre las pretensiones de las partes 61, de ahí que los jueces no tienen que motivar y contestar los alegatos de las partes, sino sus conclusiones 62, en consecuencia para que sea objeto de razonamiento a través de las consideraciones en la redacción de la sentencia, luego de haber formado su religión, debe ser sujeto de conclusiones y no de simples alegatos 63,

En la motivación de la sentencia se concreta el silogismo hechos-derecho-conclusión, en él existe una doble actividad razonadora, por un lado explica jurídicamente los fundamentos de su dispositivo, sino también un relato de los hechos que declara como probados, además toma por la propia naturaleza del derecho de trabajo ciertas particularidades que caracterizan a la materia donde la realidad tiene un papel de primer orden y los formalismos y nulidades son escasos pues persiguen finalidades sociales.

La motivación de las sentencias es una demostración de la independencia judicial y de la imparcialidad que es necesaria e imprescindible en el funcionamiento del Estado. Tres consideraciones a nuestro entender visualizan la importancia de la motivación: 1. La relación del juzgador con la ley y el procedimiento.2.

El derecho de cada una de las partes, empleador, trabajador, en la aplicación de los principios generales de derecho, como el de legalidad, seguridad jurídica y garantías constitucionales.3. La motivación da fortaleza a las conclusiones judiciales y la relaciona directamente con la sociedad y el interés que ésta presente en conocer las razones de las sentencias.

Existen diferentes tipos de motivaciones de los hechos y el derecho en una sentencia, veamos algunas de ellos o los principales, sobre todo, los que constituyen incorrectamente el juzgador en la elaboración de la sentencia. Motivación Implícita, Resulta de un razonamiento que se hace no de una manera expresa y directa, como en general lo exige la ley, sino la que está lógicamente contenida en las motivaciones expresas que hace el juez en apoyo de dicha parte resolutiva 64, de ahí que se entienda que los jueces no están obligados a contestar específicamente, sobre todos los puntos de las conclusiones señalándolos individualmente, si del contexto de los motivos resultan implícitamente 65,

Falta e insuficiencia de motivos, La sentencia debe bastarse a sí misma, y la condenación de prestaciones laborales debe ser específica, lo que no ocurre cuando el dictamen condena a pagar “cualquier suma por los conceptos expresados 66, así también cuando la sentencia no hace referencia de las pruebas aportadas por las partes y que sirvieron al tribunal para acoger la demanda de un trabajador, no precisándose cómo se probaron los hechos alegados por el demandante, de manera particular el despido que fue objeto, ni la prueba de la justa causa del despido 67, o no indicar en la forma de determinar el despido y las circunstancias del mismo 68, o cuando la Corte está convencida de la existencia de un desahucio, debe proceder a la calificación de la terminación del contrato 69, a través de la motivación al respecto, igualmente menciona un recibo de descargo, pero no hace referencia ni analiza su contenido 70, así cuando una sentencia no contiene ninguna consideración sobre el fondo de la demanda, ni motivo alguno que fundamente su dispositivo 71 y sobre todo en materia laboral donde el testimonio tiene una importancia capital, no basta que un tribunal exprese que de las declaraciones de un testigo se establecieron los hechos de la demanda, pues es necesario que el tribunal señale los elementos de las declaraciones que le permitieron convencerle de los hechos establecidos, además de que debe precisar cuáles son los hechos y de qué manera se probaron 72, o una fórmula que era muy común en un tiempo en los tribunales que consistía en hacer suyos los motivos del tribunal de primer grado 73, sin realizar un ejercicio crítico de los mismos o un estudio razonado de los argumentos para llegar a esa conclusión, además de no indicar la sustanciación y los documentos analizados 74, soluciones que hacen que una sentencia carezca de una relación completa de los hechos y una motivación suficiente y pertinente.

  1. Es pertinente y necesario que se dé constancia de la forma en que se instruye la causa y que se describan los hechos 75, comprobándolos, calificándoles en derecho 76, sólo así la resolución judicial estaría correcta.
  2. Motivos Erróneos,
  3. Una sentencia puede tener motivos y la decisión tomada es procedente, puede el tribunal supremo o la Suprema Corte de Justicia en funciones de Corte de Casación, para las decisiones de la Corte de Trabajo, de oficio proporcionar los motivos pertinentes para solucionar el caso 77, tribunal que entenderá también que un simple error material entre los motivos y el dispositivo no justifica su casación 78, sobre todo si esos motivos no han servido de fundamento al dispositivo 79, como sería el caso de un tribunal que entendía que para desvirtuar la existencia de los contratos por tiempo indefinido, la empresa tenía que probar la suspensión de un contrato por escrito, desliz que no fue el fundamento que tuvo el tribunal para considerar que los trabajadores estuvieron amparados en ese tipo de contrato, sino a través de las pruebas aportadas especialmente los testigos, sin embargo, esos motivos erróneos que son los más comunes en los tribunales, que consisten en razonar sobre un punto, o varios de la demanda o recurso en forma equivocada, sea sobre el objeto, la causa o el procedimiento de la demanda o recurso, a veces son intrascendentes, como lo sería si los jueces rechazan una demanda por falta de prueba, del despido, importa poco que los jueces atribuyeran erróneamente al trabajador la obligación de probar la duración del contrato y el salario devengado 80, intrascendentes o diría yo, en algunos casos aislados, cuando el juez redacta motivos erróneos que no vician de nulidad, cuando en la sentencia hay otros motivos que justifican el fallo 81, es decir, motivos que no influyen directamente en el dispositivo 82,

De todo lo anterior se determina que los jueces deben establecer clara y precisamente los motivos de hecho y de derecho 83, Sólo de esa manera se evitarán los motivos que no deben redactarse. Veamos: Motivos Contradictorios, Como su nombre lo indica, razones que se chocan entre sí, diferenciando los fundamentos, entre sí y haciéndola anulable.En los tribunales laborales no especializados, o mejor dicho, los que dictan sentencia de la materia, pero son tribunales civiles o en plenitud de jurisdicción y en los mismos de trabajo, todavía es un problema a solucionar, como sería indicar en un motivo que existía un contrato de trabajo y por otro lado, que no existía 84, o sostener que el contrato terminó por Dimisión en un motivo y en otro dice que hay un despido 85 que son dos figuras contrapuestas y que no es posible que ocurriera en la misma situación, contradiciendo en no pocas ocasiones sobre el contenido de un documento que constituye un punto de controversia 86, como sería la comisión de una falta grave, sin precisar los hechos que lo llevaron a cometerla y por otro lado, que la misma no ocurrió 87, indicando en otras ocasiones falta de credibilidad a un documento por no haber sido depositado y luego se da constancia y análisis del mismo 88,

De los ejemplos y casos mencionados, lo más censurable es la contradicción que se da entre los motivos y el dispositivo, pues además de violentar en no pocas ocasiones la inmutabilidad del proceso,a nuestro entender constituye una irregularidad manifiesta en derecho que hace no ejecutable la sentencia en sí, por estar en su sustancia como sería, sostener que no hay despido y condenar al empleador a pagar prestaciones laborales o rechazar una demanda a una mujer embarazada y admitir en la motivación que no se han hecho los procedimientos adecuados para su despido, o sostener que el despido de un dirigente sindical, es correcto y justo, cuando no se ha sometido el mismo, previo a los requerimientos establecidos en el Código de Trabajo (ver artículo 391 del Código de Trabajo), para que el mismo sea autorizado, independientemente de la falta cometida y condenar en costas, motivando su rechazo.

Motivos Desnaturalizados, Las explicaciones del juzgador desconocen la naturaleza de los hechos o los documentos dándole un sentido no pertinente jurídicamente que vicia la sentencia y la hace anulable, sea dando razones que no tienen un alcance del documento o contrato estudiado, o dando un alcance a una disposición legal imponiendo obligaciones de pago de prestaciones cuando el que ejerció la terminación fue la otra parte y la ley para ese caso no lo amerita 89,

Hechos, La expresión “puntos de hechos”, empleada en el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil debe entenderse las circunstancias que dieron origen a la litis y a la historia del procedimiento, y por “puntos de derecho” las cuestiones que se presentaron ante el tribunal y que éste tiene que resolver 90,

Los hechos procesales pueden clasificarse en hechos conformes y hechos controvertidos. Hechos conformes, Son los hechos no discutidos o aceptados por las partes. Pueden resultar de un alegato de una parte, no negado por la otra, como sería en materia de despido, que el trabajador tiene que probar la ocurrencia del mismo y el empleador no lo niega y deposita una constancia o comunicación de la terminación o la duración del contrato de trabajo, alegado por el trabajador y no contestado por el trabajador, como sería que la recurrente se limite a discutir en la justa causa del despido no negando los demás hechos de la demanda 91,

Hechos Controvertidos, Alegado por una parte y negado por la otra, son los hechos que requieren ser examinados con detalle, precisión, claridad, lógica, razonamiento y aplicación de la ley sustantiva y procesal, pues en la motivación de las situaciones y los derechos en discusión es que la sentencia adquiere su verdadera finalidad que es la de servir de instrumento a través de un documento ejecutable de acuerdo a la ley, en la solución de un conflicto que afecta a las partes en litis, a la sociedad y a los sectores productivos, de ahí la importancia que tiene el tratamiento conferido al razonamiento de los hechos negados y controvertidos por las partes.

Clasificación de la sentencia Sentencia definitiva, Es aquella que decide una cuestión principal que se ventila en el juicio 92, que tendrá la categoría de firme o irrecurrible, cuando no puede ser objeto de ningún recurso (ver Art-113, ley 834, del Código de Procedimiento Civil).

Podría hablarse -al decir de Montero Aroca- de dos etapas por las que puede pasar una misma sentencia que, primero, es definitiva y, después por no haberse recurrido en el momento oportuno, se convierte en firme 93 al adquirir el carácter de lo irrecurriblemente juzgado, sea por los plazos, sea por decisión de sentencia de la Suprema Corte de Justicia, por ser inadmisible ejercer recurso alguno.

Sentencia definitiva de incidente, Esta pone no tan sólo término a una contestación, sino que resuelve acerca de un incidente 94, como lo es la que decide sobre la competencia 95, la que rehusa ordenar una prueba 96, negando una medida de instrucción solicitada 97, como sería la presentación de un testigo 98, o la de un pedimento de una inadmisibilidad,como tal el plazo para interponer el recurso correspondiente comienza a correr la fecha en que fue dictada, si fue en audiencia y en presencia de las partes a partir de esa fecha, en tal virtud una sentencia que tacha un testigo y no es apelada, adquiere el carácter de lo irrevocablemente juzgado 99, por tal razón esa persona es excluida de presentar su testimonio, en segundo grado si no se ejerció el recurso y la decisión del tribunal de alzada le fue favorable.

  • Sentencias previas,
  • Que son aquellas dictadas antes de fallar lo principal o el fondo del asunto, entre ellas podemos citar las sentencias de instrucción, que serían dadas en el transcurso de la instancia para sustanciar, sin prejuzgar el fondo o verificando y ordenando medidas que tocan el fondo, de ahí que estas pueden dividirse en preparatorias e interlocutorias.

Sentencia preparatoria, Son las sentencias dictadas para la mayor sustanciación del caso 100 para ponerla en estado de recibir fallo definitivo 101, así cuando un tribunal autoriza el depósito de documento, aunque la parte contraria se opuso 102, la que ordena una audiencia de conciliación 103, la que rechaza un sobreseimiento 104, la que ordena una nueva audiencia para dar oportunidad a la presentación de nuevas pruebas 105 o se dicta una sentencia ordenando a una institución pública el depósito de una constancia sobre los salarios de un año determinado bajo el amparo de las disposiciones del artículo 494 del Código de Trabajo con la finalidad de una mejor sustanciación del proceso a fin de poner al tribunal en condiciones de fallar posteriormente el asunto 106 sin prejuzgar el fondo del caso sometido a su cargo, sentencias que no son susceptibles de apelación hasta tanto se pronuncie sentencia definitiva.

Sentencia Interlocutoria, Es la dictada en el transcurso de la instancia que prejuzga el fondo, la cual puede ser objeto de un recurso, sin tener que esperar sentencia definitiva como sería la preparatoria, son sentencias interlocutorias, las que ordenan la audición de testigos para demostrar el salario invocado por una parte 107, la que también niega un informativo 108 o que niega el pedimento del empleador de un informativo para probar la justa causa del despido, sobre la base de que no comunicó el despido al Departamento de Trabajo en el plazo de 48 horas 109, la que ordena un peritaje, pero limita el derecho de las partes a elegir los peritos 110, la que rechaza un pedimento de comparecencia de las partes, es conveniente aclarar que la que ordena esa medida es preparatoria, pero la que la rechaza es interlocutoria 111,

La sentencia interlocutoria no obliga al juez a fallar de determinada manera, así cuando ordenó una medida testimonial contestada por otra parte, no tiene que acoger lo realizado en la misma como válido, sino como una pieza de convicción que puede ser desestimada si la entiende carente de verosimilitud o credibilidad y acoger otra prueba que entienda pertinente para establecer una buena administración de justicia.

Sentencia Declarativa, Es aquella donde se hace constar la existencia o inexistencia de una relación o situación jurídica anterior 112, antes de comenzar la demanda, en el transcurso, luego de la sentencia solicitada ante el tribunal de segundo grado, o durante el recurso ante la Suprema Corte de Justicia, el ejemplo más típico sería la declaración dada por el tribunal de un desistimiento de la demanda o del recurso, inclusive luego de haber sido interpuesta 113,

Sentencia provisional, Son las que tienen por finalidad que el tribunal o la Corte prescriba de inmediato una medida de carácter urgente, para proteger un daño inminente, un exceso de poder, una actuación manifiestamente ilícita, como sería, una sentencia de referimiento ordenando la suspensión de una sentencia dictada irregularmente, una autorización de una medida conservatoria ante un crédito de salario justificado en principio y en peligro, la ordenanza de medida para proteger los bienes del sindicato ante un conflicto interno o el nombramiento de un administrador judicial en bienes laborales en discusión.

Este tipo de sentencia como su nombre lo indica, se caracteriza por la provisionalidad, en ese tenor la sentencia no adquiere el carácter de lo irrevocablemente juzgado es decir, no podrá llegar ser firme, inclusive, en determinadas materias como el referimiento, donde la demanda, una vez rechazada, podrá ser sometida nuevamente si las circunstancias han cambiado 114,

La sentencia también puede clasificarse en condenatoria, absolutorias y constitutivas, La división mencionada no necesita nuestra explicación y entiendo que pueden entrar la calificación de sentencias definitivas sobre el fondo o lo principal, que sería condenatoria, por ejemplo en una sentencia originada en una demanda en cobro de prestaciones laborales por despido, que será condenatoria, cuando ordena el pago de prestaciones, sería absolutoria, cuando libera a la parte solicitada del pago o el cumplimiento de una obligación y será constitutiva, la que crea, modifica o extingue una situación jurídica, como sería la resolución de un contrato de trabajo, la nulidad de un desahucio de un dirigente sindical, la reintegración de un trabajador a su labor.

Anotaciones internas La sentencia debe ser redactada en su contenido en forma lógica, concreta y no abstracta, en una forma de un juicio lógico y racional, precisa y no general, coherente, armonía entre las partes que la componen y los puntos que son analizados en la misma, clara en lo que expone y responde de las conclusiones de las partes y de lo que ella misma pretenden comunicar y coherente.

La fortaleza interna está en la forma que el juez, no tan sólo “armonice” las partes que componen la misma, sino que expresa una doctrina judicial coherente con la ley y con la misma jurisprudencia. Reflexiones Finales La sentencia es un acto crítico donde el juez debe actuar como un investigador ante las pruebas que le son sometidas y su papel de un actor activo que debe buscar la materialidad de la verdad, que tiene sus fórmulas que observar, debe ser a una fecha cierta, pronunciada en audiencia pública y no en el despacho de un juez 115, pues violentaría la ley de organización judicial, situación que debe hacerse constar en el dictamen, ordinariamente se cumple el voto de la ley, indicándolo en dicho fallo al pie de la misma,pero basta que el cumplimiento de la repetida formalidad conste en cualquier parte de la misma 116,

El documento que para tener validez no tiene que ser redactado a mano en estos tiempos de alta tecnología, es una historia de un caso específico, que revela la doctrina judicial y sobre todo, en ese relato si el juzgador ha dado cumplimiento a los principios elementales y básicos del procedimiento laboral como son la celeridad, simplicidad, inmediatez, concentración que de no ser así quitaría toda eficacia a la aplicación del derecho sustantivo, pues la finalidad misma del derecho laboral, o derecho social, perdería toda su razón de ser, que es dirimir una situación que afecta a personas.

La fundamentación es el núcleo básico de la expresión del respeto a las garantías y la imparcialidad del juzgador en su tratamiento a los justiciables que se asume en el dispositivo de la cual debe contener el objeto de la misma. La resolución judicial se interpreta a través de los motivos, sin embargo, podría una parte presentar ante el tribunal que la dictó para interpretar su sentencia 117, teniendo en cuenta que el juez no puede modificar,ni extinguir el dispositivo de su sentencia 118, pues sería violentar normas elementales de procedimiento como el doble grado de jurisdicción.

Los dictámenes son parte de la ejecutoria de un estado, en consecuencia debe éste prestar al Poder Judicial a través de sus representantes los recursos, la colaboración, las leyes, la modernización de las estructuras, el nombramiento cuando no sea por un congreso, por un Consejo de la Magistratura, sea por el Tribunal Supremo o Suprema Corte, para que exista una administración de justicia independiente especializada e imparcial, siendo así la sentencia una expresión viva de democracia y resolución de conflictos apegados a una legislación que busca un equilibrio al desnivel propio de una realidad cada día más confusa y más angustiada.

La sentencia es una visión de la política del Estado, sólo en democracia real, se puede ejercer fielmente las funciones del juzgador y éste cumplir su misión, dictando resoluciones justas, apegadas a la ley y por ende, una buena administración de justicia conlleva una sociedad mejor, más libre y más abierta.

Notas 1 Diccionario jurídico. Espasa. Editorial Espasa Calpe, S.A. Madrid, 1988, Pág.878.2 Pallares, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil Editorial Porrua, México 1999, 25 ed., Pág.724.3 Chiovenda, Inst.1 Pág.174, citado por Pallares, Eduardo. Obra cit. Pág.724.4 Coello de Portugal, Carmen, Gil Iglesias, Martín-Gamero, Javier y Muñiz Ferrer, Raquel.

La sentencia en el proceso laboral, coordinadora Marta alamán, editorial MCGraw Hill. Cuadernos al Derecho Procesal del Trabajo, 2001, Pág.3.5 Montero Aroca, J. en AA.VV. Comentarios a la ley de procedimiento laboral. II Dyckinson, Madrid, 1993, 2da. Ed., Pág.479, copiado de Alamán, Marta, ob.

  1. Cit. Pág.3.6 García Sánchez, Juan Fco.
  2. Sanz Llorente, Fernando J.
  3. Génesis y formación de la sentencia, su forma y estructura interna.
  4. Revista poder judicial.2da.
  5. Época no.32.
  6. Consejo general del poder judicial.
  7. Diciembre 1993, Pág.61.7 Couture, citado por García Sánchez, Juan Fco.
  8. Sanz Llorente, Fernando J.

ob. Cit., Pág.77.8 De la Rua, Fernando. Teoría general del proceso. Ediciones Desalma. Buenos Aires, 1991, págs.131-161.9 Nogler, Luca. Viejas y nuevas tendencias del derecho del trabajo italiano. Revista Responsaiurisperitorum Digesta. Vol. IV, Ediciones Universidad de Salamanca, Pág.277.10 Sentencia 7 marzo 1973, B.J.

No.748, Pág.562-563.11 Sentencia 17 de Enero 2001, B.J. No.1082, Pág.624-632, S.C.J.12 Malaurie, Philippe. La Cour de Cassation au X Xeme sude. Conferencia, en la Corte de Casacion Francesa, 2000, Pág.3.13 Escovar León, Ramón. Estudios sobre casación civil. Segunda edición revisada y actualizada. Colección de estudios jurídicos.

Tribunal Supremo de Justicia. Caracas, Venezuela 2003, Pág.300. nos habla de la teoría de la “confianza legítima” que predica la estabilidad de las decisiones judiciales, y pretende evitar que los justiciables sean sorprendidos con nuevas doctrinas y técnicas que no eran las vigentes para la fecha en la que ejercieron un recurso o formularon sus recursos o defensas.14 Malaurie, Philippe, ob.

  1. Cit., Pág.10.15 No.26, 9 de junio 1999, Vol.
  2. II, B.J.1062, Pág.901.16 30 de diciembre 1998, B.J.
  3. No.1057, PÁGS.787-793.17 No.12 5 de mayo 1999, B.J.
  4. No.1062, Vol.
  5. II, Pág.582 y 583.18 No.51, 28 de octubre 1998, B.J.
  6. No.1055, Vol.
  7. II, Pág.705.19 No.22, 11 de marzo 1998, B.J.
  8. NO.1048, Pág.405.20 Couture, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 2 ed., Reprensión inalterada.

Ediciones Depalma, 1997, Pág.278.21 Couture, Eduardo J., ob. cit, Pág.278.22 Pallares, Eduardo, ob. cit., Pág.725.23 Couture, Eduardo J., ob. cit., Pág.279.24 Couture, Eduardo J., ob. cit., Pág.280.25 Pellerano Gómez, Juan Ml. Pág.147. Constitución y Política.

  • Editora Capeldom, Pág.147.26 Cámara Penal, Suprema Corte de Justicia, 19 de enero del 2000, B.J.1070, Pág.193-195.27 Suprema Corte de Justicia, Cámara Penal, 21 de abril 1999, B.J.1061, Pág.394.28 Le Bars, Thierry.
  • Le defaut de base legale en Droit judiciaire prive.L.G.D.J.1997, págs.14-23.29 Ferrajoli.

Derecho y razón. Madrid, ed tratta, 2ed.P.1997, Pág.623.30 Menéndez Pidal. Sobre la motivación de las resoluciones judiciales. Revista de derecho procesal No.1, Madrid, 1953, Pág.12.31 Guasp Fernández, ob. Cit., Pág.445, expresa “No obstante, Calamandrei veía en la motivación “un expediente de hipocresía formal establecido, por así decirlo, para otorgar un disfraz lógico a la voluntad nacida de otros móviles, que pueden ser inclusive la arbitrariedad y la injusticia”; reconociendo que “sirve para demostrar que el fallo es justo y porque es justo, y para persuadir a la parte vencida que su condena ha sido el necesario punto de llegada de un meditado razonamiento y no el fruto improvisado de la arbitrariedad y de la fuerza”.32 Pellerano Gómez, Juan Ml.

  1. Constitución Política, editora, Pág.147.33 Guasp.
  2. Fernández, ob.
  3. Cit, Pág.447.34 Munoz Sabate, “La crisis de motivación de las resoluciones judiciales” revista jurídica de Calatunga No.2.35 El nuevo Código procesal Penal Dominicano en la ley no.76-02, está consagrado en su art.24 que: “los jueces están obligados a motivar en hecho y derecho sus decisiones, mediante una clara y precisa indicación del a fundamentación.

La simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los requerimientos de las partes o de formulas genéricas no reemplaza en ningún caso a la motivación. El incumplimiento de esta garantía es motivo de impugnación de la decisión, conforme lo previsto en este código, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar”.36 Ferrajoli, ob.

  1. Cit., Pág.623, lo define como endo procesal y extra procesal.37 De la Rua, Fernando.
  2. Teoría general del proceso.
  3. Editora Dipalma.
  4. Buenos Aires, 1991, Pág.146.38 Midon, Gladis, ob.
  5. Cit., Pág.177-188.39 Pasco, Mario.
  6. Fundamentos de Derecho procesal del trabajo.
  7. Aele, Lima, Peru, abul, 1997, Pág.40.40 Couture, Eduardo J.

Estudios de Derecho procesal civil. Tomo III. Tercera edición. Lexis nexis. Desalma, Buenos Aires, 2003, Pág.126.41 En el libro “La argumentación en el Derecho” de Marina Gascon Abellan y Alfonso J. García Figueroa.2da. Edición corregida, Palestra, Lima 2005, Pág.189, nos da un ejemplo que nos luce interesante “así, por ejemplo, Kant llega a sostener que no de bemos mentir nunca, sean cuales fueren las consecuencias de nuestras sinceridad, Kant sugiere el problema en su trabajo sobre el presunto derecho a mentir, donde estudia el problema de qué hacer en el siguiente supuesto: imaginemos que acogemos en casa a un individuo perseguido por una banda que pretende aprehenderlo y matarle.

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Estos bandidos nos preguntan entonces si aquella persona a quien quieren hacer su victima se encuentra con nosotros. Según Kant, no podemos abdicar de nuestro deber de decir la verdad y habremos de responder que el perseguido está con nosotros. ¿Por qué? La respuesta de kant es la siguiente: si decimos la verdad, cumplimos con el deber y nada puede achacársenos; pero si mentimos, entonces todas las consecuencias negativas del incumplimiento de nuestro deber nos serán imputables.

Así, si respondiéramos a los bandidos que el perseguido no se encuentra en casa y estos al marcharse lo sorprendieran huyendo por la puerta trasera de nuestra casa, entonces cabría imputar a nuestra mentira el trágico final de nuestro protegido.42 Taruffo, Michelle.

  1. La prueba de los hechos.
  2. Editorial trotta. Milano.
  3. Halia, 1992, Pág.336.43 Tunc, Andres.
  4. Conclusiones: La cour supreme ideale.
  5. Revire internacionale de droit compare.
  6. Richerches phanteon sorbonne, universite de Paris I, N.
  7. Especial, 1978, Pág.465.44 Art.48 de la Ley Procesal del Trabajo de Peru, No.26636, expresa “la sentencia debe contener: 1.

la exposición resumida de los argumentos expresados por las partes.2- las consideraciones, debidamente numeradas, a las que llega el juez sobre los hechos probados en el proceso y las normas que le sirven de fundamento.3. el pronunciamiento sobre la demanda, señalando en caso la declare fundada total o parcialmente, los derechos reconocidos así como las obligaciones que debe cumplir el demandado, estableciendo el monto liquido o su forma de calculo si son de pago o el pago de sumas mayores a las reclamadas, si de lo actuando apareciere error en los cálculos de las liquidaciones demandadas y el mandato especifico si son de hacer o de no hacer.4.

La condena o exoneración de costas y costos, así como la imposición de multa si la demanda ha sido declarada fundada en su integridad acreditándose incumplimiento laboral o emplazado hubiese procedido de mala fe o atentado contra deberes de lealtad procesal”.45 Ver art.158 Ley orgánica procesal del trabajo comentada y concordada con jurisprudencia.

González F. Arquímedes C., González G. Ángel E. Ediciones liber, Caracas Venezuela, 2003, Pág.202.46 Ver. Art.493 Código de Trabajo de Costa Rica. Actualizado, anotado con jurisprudencia, Bolaños Céspedes, Fernando. Editorial juricentio. San José, Costa Rica, 1999, Pág.400.47 Código procesal del trabajo de Bolivia, edición universitaria, Sandoval Rodríguez, Isaac.

  1. Edición universitaria.
  2. Décima tercera edición.
  3. Bolivia 2002.48 El ordinal 2 del art.97 de la ley de procedimiento laboral expresa “la sentencia deberá expresar, dentro de los antecedentes de hecho, resumen suficiente de los que hayan sido objeto de debate en el proceso.
  4. Asimismo, y apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión.

Por ultimo, deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo”. Ver Montoya Melgar, Alfredo. Ríos Salmeron, Bartolomé. Ley de procedimiento laboral. Tecnos. Décima edición. Madrid.2003, Pág.- 71.49 Alonso Olea, Manuel. Miñambres Puig, Cesar.

  1. Alonso García, Rosa Ma.
  2. Derecho v procesal del trabajo.
  3. Civitas.11 edición revisada.2001, Pág.193.50 Art.17 de la Ley de organización Judicial, R.D.51 B.J.874.2671, B.J.1057.24.52 B.J.874-2671, B.J.1057.24.53 Alamán, Marta.
  4. La sentencia en el proceso Laboral, ob. cit.
  5. Pág.72.54 Montero Aroca, J. ob.
  6. Cit., Pág.663.55 Suprema Corte de Justicia.

Cámara Penal, 25 de noviembre de 1999, B.J.1068, Pág.469.56 Pellerano Gómez, Juan Ml. Constitución y Política. Editora Capeldom, Pág.147.57 Cámara Penal, Suprema Corte de Justicia, 19 de enero del 2000, B.J.1070, Pág.193-195.58 Suprema Corte de Justicia, Cámara Penal, 21 de abril 1999, B.J.1061, Pág.394.59 Suprema Corte de Justicia, Subero Isa, Jorge, Una Muestra Jurisprudencial.

Santo Domingo, Vol. III, Tomo II, Pág.895.60 Suprema Corte de Justicia, 2 octubre 1985, B.J.899, Pág.2458, 4 octubre 1985, B.J.899, Pág.2489, 22 octubre 1985, B.J.900, Pág.2924, 6 febrero 1987, B.J.915, Pág.212.61 S.C.J., 9 octubre 1985, B.899, Pág.2521.62 S.C,J., 809, página 899, abril 1978.63 No.46, 22 de abril de 1998, B.J.1049, Vol.

II, Pág.475.64 Pallares, Eduardo, ob. cit, Pág.566.65 B.J.855, B.J.868.70, B.J.870, 1247, B.J.876, 3576, B.J.876, 3561, B.J.876.3595, tomado de Headrick, Pág.436.66 B.J.1054, 759.67 No.22, 29 marzo 2000, B.J.1072, Vol. II, Pág.764.68 No.29, 19 agosto 1998, B.J.1053, Vol.

II, págs.477-478.69 No.47, 24 de agosto 1998, B.J.1053, Vol. II, Pág.477-478.70 No.1, 7 de abril 1999, B.J 1061, Vol. II, Pág.686.71 No.14, 2 junio 1999, B.J.1062, Vol. II, Pág.816 y 817.72 No.23, 9 de junio 1999, B.J.1062, Vol. II, Pág.878 y 879.73 No.54, 16 de septiembre 1998, B.J.1054, Vol. II, págs.655 y 656.74 No.51, 16 de diciembre 1998, B.J.1057, Vol.

II, Pág.575.75 B.J.796, Pág.534, marzo 1977.76 B.J.828, Pág.2260, noviembre 1979.77 No.58, 25 de noviembre 1998, B.J.1056, Pág.643.78 B.J.811, Pág.1234, junio 1978.79 Sent.7 julio 1999, B.J.1999, B.J. No.1064, págs.551-562.80 30 de septiembre 1998, B.J.1054, págs.551-562.81 8 de febrero 1998, B.J.1054, páginas 89-94.82 Cas.10 septiembre 1915, B.J.

No.63-64, Pág.5, ver también B.J. No.105, Pág.1, Casación 9 octubre 1922, B.J. No.147-149, Pág.6, B.J. No.207, Pág.25, cas.22 agosto 1927, B.J. No.205, Pág.13, Gatón Richiez, Carlos. La Jurisprudencia en la República Dominicana.1865-1938. Santo Domingo 1989, Pág.521.83 Cas.10 diciembre 1930, B.J., No.243-245, Pág.73.84 No.16, 2 de junio 1999, B.J.1062, Vol.

II, Pág.829.85 No.62, 25 de noviembre 1998, B.J.1056, Vol. II, Págs.666 y 667.86 No.32, 9 de diciembre 1998, B.J.1057, Vol. I, Pág.458.87 No.43, 125 de noviembre, 1998, B.J.1056, Vol. II, Pág.550.88 9 de diciembre 1998, B.J. No.1057, Pág.454-459, 56.680.89 No.11, 14 de abril 1999, B.J.1061, Vol.

II, Pág.680.90 Cas.21 agosto 1931, B.J. No.253, Pág.23.91 No.44, 24 de junio 1998, B.J.1051, Pág.538.92 Pallares, Eduardo, ob. cit, Pág.730.93 Montero Aroca, J. ob. cit., Pág.175.94 Ver Casación, 9 de marzo 1934, B.J.284, Pág.3, 6 abril 1934, B.J.285, p.3, 11 de noviembre 1953, B.J.520, Pág.2110, agosto 1962, B.J.625, Pág.1259, agosto 1973, B.J.753, Pág.2452.

Copiado de Tavarez, Froilán, ob. cit., Pág.361.95 24 de agosto 1973, B.J.753, Pág.2452.96 B.J.753, Pág.3368, diciembre de 1971.97 B.J.753, Pág.3368, diciembre de 1971.98 No.16, 21 de junio del 2000, B.J.1075, Vol. II, Pág.681.99 No.13, 21 junio del 2000, B.J.1075, Vol.

II, Pág.704.100 B.J.679, Pág.994, junio 1967.101 B.J.671, Pág.1948, octubre 1966.102 No.17, 14 de abril de 1999, B.J.1061, Vol. II, Pág.773 y 774.103 S.C.J., 19 agosto 1998, B.J.1053, págs.341-345- 104 S.C.J., 22 de marzo 2000, B.J.1072, No.741-746.105 S.C.J., 11 noviembre 1998, B.J. no.1056, Pág.434-438.106 No.33, 21 de abril 1999, B.J.1061, Vol.

II, págs.876 y 877.107 B.J.688, Pág.605, marzo de 1968.108 B.J.717.430, B.JU.722.180.109 B.J.742.2348.110 B.J.766.2554.111 B.J.901, 3144.112 Montero Aroca J., ob. cit., Pág.174.113 No.70, 29 abril 1998, B.J.1044, págs.629-630, No.31, 18 de marzo 1998, B.J.1048, Pág.470.114 Ver art.104 de la ley 834 del Código de Procedimiento Civil.115 S.C.J., 27 de julio 1987, B.UJ.

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En un caso simple, la deliberación puede durar solamente unas horas. Pero en casos complejos, el jurado puede deliberar por muchos días. Una vez que el jurado llega a una decisión, lo comunicará al juez. Finalmente, el juez anunciará el veredicto en la corte.

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¿Por qué algunos condenados salen de prisión sin haber cumplido la totalidad de la condena? Es una imagen que se ve con frecuencia en los informativos: una persona condenada por asesinato, violación, terrorismo o cualquier otro delito grave sale de prisión con sus pertenencias personales, bajo la atenta mirada de los periodistas apostados en las inmediaciones del centro penitenciario.

  • Estas imágenes provocan indignación en la ciudadanía, que observa como los delincuentes salen de prisión sin ni siquiera haber cumplido la totalidad de la pena impuesta.
  • No es extraño oír decir a alguien, ante la noticia de una sentencia condenatoria que “a los dos días estará en la calle”.
  • En este post explicamos por qué sucede esto.

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que no todo condenado a pena de prisión tendrá necesariamente que entrar en un centro penitenciario, La legislación prevé la posibilidad de suspender las penas de prisión cuando el condenado no tenga antecedentes que permitan hacer suponer que seguirá delinquiendo, la condena no supere en conjunto los dos años de prisión y se comprometa al pago de la responsabilidad civil,

Excepcionalmente también es posible la suspensión de la pena aún contando con antecedentes penales, siempre que no se hayan cometido tres o más delitos previstos en el mismo capítulo del Código Penal en un plazo no superior a cinco años, y aunque las penas en conjunto superen los dos años de prisión (pero no pueden superar ninguna de ellas individualmente los dos años).

Para esta posibilidad de suspensión excepcional, no bastará con comprometerse a pagar la responsabilidad civil, sino que esta deberá haberse efectivamente pagado en su totalidad, Una vez acordada la suspensión de la pena, se da al condenado un determinado plazo en el que permanecerá en libertad.

  1. Si transcurrido dicho plazo no delinque, la pena queda extinguida, y si delinque durante el plazo de suspensión, deberá cumplir íntegramente la pena que quedó suspendida.
  2. La institución de la suspensión de la pena no es demasiado popular entre la ciudadanía, pero su razón de ser es evitar que una persona por delitos de relativa poca importancia entre en prisión, pues está demostrado que el ingreso en prisión puede ser muy perjudicial para un individuo y además favorece la reincidencia.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que existen unos límites de cumplimiento efectivo de las penas de prisión. Aunque una persona sea sentenciada a 400 años de prisión ello no significa que no vaya a salir nunca a la calle ni que deba permanecer 400 años en prisión.

El Código Penal establece los límites máximos de cumplimiento efectivo en su artículo 76. En dicho precepto se señala que el máximo de cumplimiento no podrá superar el triple de tiempo de la pena más grave de las penas en que haya incurrido. De este modo, si una persona es condenada a 5 años de prisión por un delito, a 4 años por otro, a otros 4 años por otro delito más y a 3 años por otro delito, el tiempo de cumplimiento de pena no será de 16 años, resultado de sumar todas las penas, sino de 15 años, resultado de multiplicar 5 (la pena más grave) por tres.

Cabe añadir que el mecanismo de multiplicar por tres la pena más grave solo es necesario cuando no beneficie al condenado la simple suma de todas las condenas. Así, si por ejemplo una persona es condenada a 8 años de prisión, más 5 años, más 4 años, sí que procedería la simple suma de todas las penas (17 años), porque el triple de la pena más grave alcanza los 24 años y por tanto es más gravoso para el condenado.

  1. Pero el triple de la pena más grave no es el único límite.
  2. Existe otro límite: los 20 años de prisión,
  3. Si resulta que el triple de la pena más grave, o la suma de las penas si es lo que más beneficia al acusado, supera los 20 años, ese tiempo será el máximo de cumplimiento.
  4. Si una persona es condenada por tres delitos a 10 años de prisión cada uno, no cumplirá 30 años, sino 20 años.

Sin embargo, todavía puede complicarse más el régimen de cumplimiento, pues la regla de los 20 años tiene excepciones. El límite pasará a ser de 25 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión de hasta 20 años.

  • El límite será de 30 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años.
  • El tope máximo de cumplimiento asciende a los 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, dos de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a 20 años.

El máximo también será de 40 años cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos de terrorismo y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años. Queda así explicada una de las razones por la que hay presos que salen de prisión antes de haber cumplido la pena impuesta en Sentencia: aunque la Sentencia establezca un determinado número de años posteriormente se realiza un cálculo de cuánto debe cumplirse realmente, conforme a los límites expresados.

En el sistema penitenciario español existen cuatro grados de tratamiento. El primer grado implica aislamiento del resto de presos, permaneciendo en una celda individual y pudiendo salir unas pocas horas al patio de la prisión. El segundo grado es el ordinario. En él el preso hace vida en común con el resto, y puede trabajar y hacer labores.

El tercer grado supone que el condenado puede salir de prisión todos los días, debiendo volver al centro penitenciario sólo para dormir, y los fines de semanas ni tan siquiera existe esa obligación. Por ello, muchas veces cuando se observa en televisión un preso que sale de prisión no es porque ya haya quedado definitivamente libre, simplemente pasará a un régimen penitenciario mucho más beneficioso.

Aún así, no debe olvidarse que el tercer grado es también una forma de cumplimiento de la pena, No existe un límite mínimo de cumplimiento en un régimen más estricto para pasar a tercer grado, incluso puede pasarse a tercer grado a un preso nada más entrar en prisión (si bien ello es algo absolutamente excepcional).

La libertad condicional es el cuarto grado, y en ella desaparece la obligación de acudir al centro penitenciario. El condenado únicamente deberá cumplir con determinadas obligaciones, como realizar cursos o no moverse de determinada localidad. Para la concesión de la libertad condicional es necesario haber pasado a tercer grado y haber cumplido al menos tres cuartas partes de la condena, dos terceras partes, o la mitad, dependiendo de los casos.

No obstante, en el caso de personas que hayan cumplido 70 años o que sufran enfermedades graves con padecimientos incurables se puede conceder la libertad condicional sin necesidad de haber cumplido un determinado tiempo de condena. De nuevo, insistimos en que la libertad condicional es una forma de cumplimiento de la pena, en ningún caso supone un acortamiento de la misma.

En suma, en el caso de que se cometa un delito en libertad condicional o no se cumplan las obligaciones establecidas, el reo volverá al centro penitenciario, y el tiempo transcurrido en libertad condicional no se computará como tiempo de cumplimiento,

  1. Para preparar a los condenados para la vida en sociedad y para premiar el buen comportamiento suelen concederse permisos de salida.
  2. Para tener derecho a permisos deberá haberse cumplido la cuarta parte de la condena,
  3. Quienes están en segundo grado tienen derecho a 36 días de permiso al año, y quienes están en tercer grado tienen derecho a 48 días al año (art.47.2 de la Ley General Penitenciaria).

Los permisos podrán ser de hasta siete días consecutivos. Asimismo, pueden concederse permisos extraordinarios, para los cuales no es necesario haber cumplido la cuarta parte de la pena, si bien deberá concurrir una causa justificada. El sistema de permisos suele provocar malentendidos en la población, que piensa que el condenado no volverá a ingresar en prisión.

Como hemos dicho, los permisos tienen una duración limitada, y transcurrida la misma, el condenado deberá volver al centro penitenciario. Si no lo hace concurrirá en un delito de quebrantamiento de condena. El Código Penal de 1944 y el de 1973, ya derogados, preveían en su artículo 100 la redención de penas por el trabajo, abonándose un día de prisión por cada dos días de trabajo.

Si bien esta previsión quedó derogada por el Código Penal de 1995, que es el que actualmente se encuentra en vigor, Por tanto, actualmente en España no es posible reducir el tiempo de cumplimiento de la pena de prisión mediante trabajos, Si bien es cierto que la realización de trabajos en prisión o desempeñar una actividad laboral fuera de ella suele ser tenido en cuenta para conceder permisos, conceder la libertad condicional o para conceder el tercer grado.

Pero como hemos venido diciendo varias veces, este tipo de situaciones se consideran cumplimiento de la condena y en ningún caso supone su acortamiento. Del mismo modo, tampoco es posible actualmente reducir el tiempo de condena por buena conducta, que de nuevo servirá a lo sumo para la concesión de permisos o para la progresión en grado.

En somos especialistas en Derecho Penal, por lo que estamos a su disposición para cualquier consulta que nos quiera plantear en nuestros despachos de Abogados de Cerdanyola del Vallès y Barcelona. : ¿Por qué algunos condenados salen de prisión sin haber cumplido la totalidad de la condena?

¿Cuáles son los delitos más graves en Estados Unidos?

Delitos graves (felonías) Delitos violentos (como abuso sexual, violación y asesinato). Asalto (agravado). Robo. Terrorismo.

¿Cuánto tiempo dura una investigación federal?

El hecho de que una orden de allanamiento y una citatoria hayan sido presentadas, indican que una investigación de una gran jurado esta en marcha. No obstante, esto no confirma que un crimen ha sido cometido. De acuerdo a expertos, únicamente el tiempo y un gran jurado podrán determinar los resultados de la investigación llevada a cabo en la alcaldía de Allentown, donde el pasado jueves, agentes federales presentaron una citatoria por informacion, al mismo tiempo, ejecutaron una orden de allanamiento aprobada por un juez.

  1. Una orden de allanamiento implica que se cree hay causa probable de que se podría encontrar evidencia sobre actividad criminal en un lugar en especifico, en este caso, la alcaldia de la ciudad.
  2. De acuerdo a la opinión de expertos, existen tres razones para que el buró federal de investigaciones, use el poder de un gran jurado en un caso relacionado con una municipalidad: -Acusaciones de maluso del dinero federal, -fraude -o contratos que incluyen intercambio de favores.

Hasta el momento,ninguno de estos escenarios ha sido confirmado en el caso de la alcaldia de allentown. La ciudad, mediante un boletin oficial dice estar cooperando totalmente con la investigacion y ha proveido con toda la informacion pertinente al proceso de contratacion de Allentown, a los agentes federales.

¿Cuándo se considera un delito federal?

¿Qué se clasifica como delito federal? – Si usted es alguien que actualmente está siendo acusado de un delito federal, significa que violó ciertas condiciones que justifican que su caso sea juzgado a nivel federal, y no a nivel estatal. Existen varios factores que pueden constituir que alguien sea acusado de un delito federal aquí en los Estados Unidos, por ejemplo: * El individuo cometió una infracción aduanera ó violó las leyes migratorias.

¿Cuáles son los derechos que puede tener un preso en la cárcel de Estados Unidos?

No sufrir agresiones sexuales. No ser segregado en función de la raza. Expresar sus quejas. Contar con acomodaciones de acuerdo a la ley de estadounidenses con discapacidades.

¿Cuál es la pena máxima en Estados Unidos?

Actualidad – Por su parte, los diferentes Estados que mantienen la pena de muerte en sus leyes para delitos estatales han ejecutado desde 1976 (año en que la Corte Suprema de los Estados Unidos levantó una suspensión que previamente había impuesto a la pena de muerte) hasta el 2021 a un total de unos 1516 reos.

Si se le suman los 16 ejecutados por el Gobierno Federal, sumarían 1532 ejecutados desde 1976. ​ Durante el año 2020 fueron ejecutados 17 reos. Llamativo fue el caso de Ronnie Lee Gardner, fusilado por petición propia por un pelotón de cinco personas en el estado de Utah el día 18 de junio de 2010, al serle rechazada la petición de cadena perpetua, dado que el fusilamiento está en desuso y la inyección letal es el método adoptado hoy día por la gran mayoría de las diferentes jurisdicciones estatales y por la jurisdicción federal.

Desde 1936 no se han realizado ejecuciones públicas en Estados Unidos; a partir de ese año los estados y el Poder Federal han promulgado leyes que prohíben realizar ejecuciones si no hay, por lo menos, una pared de por medio que separe la ejecución de la vista del público.

¿Cuál es la sentencia definitiva?

Es sentencia definitiva la que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio.

¿Cuáles sentencias son inapelables?

SON INAPELABLES LAS RESOLUCIONES QUE DISPONEN UNA DILIGENCIA PROBATORIA Y LA QUE DA LUGAR A LA AMPLIACIÓN DE LA PRUEBA SOBRE HECHOS NUEVOS ALEGADOS DURANTE EL TÉRMINO PROBATORIO (www.lot.cl) / Lillo, Orrego, Torre & Cia. Abogados La Ilustrísima Corte de Apelaciones conociendo de un recurso de hecho, señala que es improcedente el recurso de apelación respecto de resoluciones que disponen diligencias probatorias a la luz del artículo 326 inciso final Código de Procedimiento de civil.

  • Se interpone recurso de hecho contra resolución que declaró inadmisible por improcedente la apelación deducida contra la decisión que decretó la diligencia de exhibición de documentos.
  • Señala el actor que la resolución que accedió a la exhibición, ordenó la exhibición de documentos cuya data es de 15 años atrás, por lo que no resultaría procedente a la luz del artículo 2515 del Código Civil.

Agrega que este interpuso recurso de reposición con apelación subsidiaria y que el tribunal desestimó la primera y rechazó la segunda por improcedente.

Informando el tribunal señala que no dio lugar al recurso de apelación por ser improcedente en virtud de lo estipulado en el artículo 326 inciso final, de acuerdo al cual son inapelables la resolución que dispone una diligencia probatoria y la que da lugar a la ampliación de la prueba sobre hechos nuevos alegados durante el término probatorio.La Ilustrísima Corte, conociendo del hecho, señala que la apelación se interpone respecto de una resolución que dispone la práctica de una diligencia probatoria en una determinada forma o con una cierta extensión y lo cierto es que conforme lo prevé expresamente el inciso final del artículo 326 del Código de Procedimiento Civil, tal pronunciamiento no es susceptible de ser impugnada por la vía del recurso de apelación, por lo que el recurso de hecho fue desestimado. ( doc_662_220212090205.PDF)

: SON INAPELABLES LAS RESOLUCIONES QUE DISPONEN UNA DILIGENCIA PROBATORIA Y LA QUE DA LUGAR A LA AMPLIACIÓN DE LA PRUEBA SOBRE HECHOS NUEVOS ALEGADOS DURANTE EL TÉRMINO PROBATORIO (www.lot.cl) / Lillo, Orrego, Torre & Cia. Abogados

¿Que toma en cuenta el juez para dictar sentencia?

Las sentencias son las decisiones de las autoridades jurisdiccionales sobre el fondo del asunto que se trata y que ponen fin al procedimiento. En oposición de los autos que resuelven todo lo demás (Artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales). Una sentencia es una resolución judicial que pone fin a un proceso penal. Dentro del Procedimiento Penal, las sentencias las dictan los Jueces y los Magistrados de Tribunales Unitarios o de las Salas de los Poderes Judiciales de los Estados, En cuanto a su redacción, la Ley establece que:

  1. Deben ser congruentes con lo pedido o con la acusación que formula el Ministerio Público (la petición de aplicar una sanción penal a la persona acusada de cometer un delito ).
  2. Deben contener los antecedentes de manera concisa.
  3. Los puntos a resolver deben tener una correcta relación con la Ley y con los hechos, tener claridad y ser concisos así como evitar los formulismos, buscando darle preferencia a esclarecer los hechos.

Las sentencias solo podrán ser en dos sentidos: absolutoria o condenatoria, Una sentencia condenatoria dictará los castigos (por lo general años de cárcel), entre otras cosas como las opciones para que el imputado pueda tener alternativas al encarcelamiento, esto según lo establece el artículo 406.

  • Quien la expide, es decir el tribunal o juzgado así como los nombres de los jueces o magistrados que lo integre.
  • La fecha.
  • El nombre del acusado y del ofendido.
  • La narración de los hechos que constituyen el delito que se está juzgando y, en su caso, los daños y perjuicios reclamados.
  • La oferta para reparar el daño así como los argumentos de defensa del acusado.
  • Un extracto donde se detallen las pruebas en que se basó.
  • Las razones que sirvieren para fundar la resolución.
  • .entre otros.

¿Cuánto es lo máximo que puede tardar en salir un juicio?

Plazos máximos establecidos por ley para la celebración del juicio – En España, el plazo máximo establecido por ley para la celebración del juicio depende del tipo de procedimiento y de la jurisdicción correspondiente. A continuación, se detallan algunos de los plazos más comunes:

  • Juicios penales: El plazo máximo para la celebración del juicio oral en procedimientos penales ordinarios es de 6 meses desde la conclusión del sumario, aunque este plazo puede ser ampliado por el juez en casos excepcionales. En el caso de procedimientos abreviados, el juicio debe celebrarse en un plazo máximo de 2 meses desde la apertura del juicio oral.
  • Juicios civiles: En los procedimientos civiles, el plazo máximo para la celebración del juicio oral es de 6 meses desde que se presenta la demanda. No obstante, este plazo puede ser ampliado por el juez en función de las circunstancias del caso.
  • Juicios laborales: En los procedimientos laborales, el plazo máximo para la celebración del juicio oral es de 20 días desde la admisión a trámite de la demanda, aunque este plazo puede ser ampliado por el juez en casos excepcionales.

Es importante tener en cuenta que estos plazos son orientativos y pueden variar en función de cada caso en particular. Además, la duración del proceso judicial también puede verse afectada por otros factores, como la complejidad del caso, la carga de trabajo de los juzgados o la disponibilidad de los abogados y las partes.

¿Cuánto es lo máximo que puede durar un juicio?

Entran en juego nuevos organismos, como es el caso de los servicios penales, y su duración engloba tanto tiempo como se haya dictado en la sentencia, dependiendo de la gravedad del delito cometido. Teniendo en cuenta estos datos, la duración media de un juicio en nuestro país suele estar entre los 4 y los 18 meses.

¿Quién dicta sentencia en Estados Unidos?

Durante la fase de sentencia de un juicio, el juez decide cuál debe ser la sentencia para un delincuente condenado por los delitos cometidos.

¿Qué son las sentencias y ejemplos?

La palabra “sentencia” se utiliza en el sentido de “una decisión que toma un tribunal de justicia sobre una cuestión concreta”, Es la decisión final que toman los jueces sobre un asunto. Los jueces tienen la misión de tomar decisiones que afectan a la sociedad,

Deciden quién es culpable y quién es inocente: son los árbitros de la justicia. Es una gran responsabilidad, y no siempre es fácil. Tienen que ser capaces de tomar decisiones imparciales aunque vayan en contra de sus prejuicios personales. La clave es ser capaz de ver un caso desde varias perspectivas,

Si un juez puede tomarse el tiempo necesario para entender lo que está sucediendo desde diferentes puntos de vista, estará más capacitado para tomar una decisión informada. Pero, ¿cómo se dicta una sentencia? ¿En qué situaciones se dictan? ¿Cuáles son sus consecuencias? Sigue leyendo para tener respuesta a estas y otras preguntas.

¿Qué es una sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos?

En los Estados Unidos, la cadena perpetua es una sentencia que implica una condena a prisión por el resto de la vida del individuo.

¿Qué es la sentencia de primer grado?

N) Sentencia en primera instancia: Es la que un Tribunal de primer grado de jurisdicción dicta a cargo de apelación. Es el caso normal.